No existe orden para que OPAM pague

James Fonseca Morales
Columnista

A pesar de lo que dice el boletín de prensa de la alcaldía de Pereira, ampliamente difundido por medios digitales, en ninguna parte de la sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo de Risaralda, del pasado 31 de enero de 2020, dice que el Operador Aeroportuario del Aeropuerto Matecaña, OPAM, debe pagar al municipio los $10.056 millones que le adeuda por las estampillas causadas por la firma del contrato de Asociación Público Privada, APP, para remodelar el aeropuerto Matecaña.

Entre otras razones, porque en la demanda que originó esa sentencia, el Municipio no actuó como demandante, sino como demandado por OPAM, que pretendía la nulidad de las liquidaciones oficiales de toda su deuda.
Tampoco hubo la intervención, de la que también habla el boletín, de ningún funcionario del Municipio, diferente al abogado que lo representó.

En la parte del fallo, la sentencia solo declaró nula la liquidación de los intereses moratorios, contenida en dos resoluciones del 31 de mayo de 2018, corregidas el 6 de junio del mismo año, porque, según concepto del Tribunal, la concesionaria solo entró en mora cuando se agotó el plazo para pagar, que el mismo municipio le otorgó mediante el Acuerdo del 042 del 29 de diciembre de 2017, esto fue al finalizar junio de 2018.

Esta controversia judicial se originó por un vacío que existía en el Estatuto de Rentas de Pereira, que solo contemplaba, como forma de pago de las estampillas generadas por los contratos oficiales, la retención de su valor en el primer desembolso que el municipio hiciera al contratista, pero sin reglamentar la forma de pagar aplicable si no se le entregara dinero, como es el caso de las concesiones.

Entonces, estando ya firmado el contrato de la APP, la administración de Pereira, precipitadamente, presentó y le aprobaron, el Acuerdo 042 que reglamenta el pago para esos casos, dentro de los seis meses siguientes a la celebración del contrato, sin que nadie del gobierno advirtiera que a la deudora ya le habían notificado unas liquidaciones con vencimientos anteriores a ese plazo. El resultado de esa falta de coherencia es la sentencia de la que venimos hablando.

En cuanto a la orden perentoria, que todos los pereiranos esperamos, para que OPAM pague las estampillas, solo puede darse por un mandamiento de pago, derivado de un proceso de jurisdicción coactiva, una acción legal que, en este caso, debe estar a cargo del gobierno municipal de Pereira, definida en la Jurisprudencia como un privilegio exorbitante de la Administración Pública, “que consiste en la facultad de cobrar directamente, sin que medie intervención judicial, las deudas a su favor, adquiriendo la doble calidad de juez y parte, (…)”.