Las compras de mercados en la pandemia

Adriana Vallejo
Columnista

Cuando empezó la pandemia en Colombia los ciudadanos, especialmente los delegados a hacer las compras en cada hogar, fueron testigos de un aumento exagerado en la demanda de alimentos y productos de aseo. Los domicilios de los supermercados no daban abasto por el incremento en los pedidos de los hogares.

Como todo aumento en la demanda tuvo repercusión en los inventarios de los establecimientos de comercio y en los precios de los productos. Como consecuencia se implementó la restricción de compras en los supermercados a cuatro productos máximo de cada tipo de elemento.

En medio de lo anterior, la dirección nacional de gestión del riesgo y las direcciones territoriales tuvieron que adelantar en tiempo record los procesos de adquisición de mercados para atender a las familias más vulnerables. Esta semana la Fiscalía General de la Nacional con gran despliegue anunció la apertura de investigaciones contra los funcionarios encargados de adelantar los procesos de compra en las diferentes entidades.

Tan pronto sale ese tipo de noticias empieza la gente a mostrar lo peor de su naturaleza. Los pasquines virtuales y las redes sociales se llenan de comentarios llenos de odio y se condena a los funcionarios, que gozan de presunción de inocencia, antes de haber tenido la oportunidad de defenderse. Que les corten la cabeza es la consigna de algunos fanáticos que en toda actuación de los servidores públicos ven un caso de corrupción y consideran que toda la gente en el sector público está trabajando sólo para robar y no para prestarle un servicio a la sociedad.

Cada caso en el país es diferente y posiblemente en algunos de ellos los servidores públicos pudieron dirigir procesos, inflar presupuestos o los oferentes del sector privado pudieron ponerse de acuerdo para ofertar, pero también es posible que los funcionarios hayan adelantado en forma transparente los procesos licitatorios y las condiciones del mercado (que son diferentes ahora) y las reglas de juego establecidas en los pliegos no les dejaron otra alternativa que adjudicar.

Será la justicia, después de garantizar el debido proceso a los funcionarios públicos y a los contratistas privados, la que defina lo que realmente ocurrió. En todo momento es importante el cuidado de los recursos públicos y en medio de una crisis con mayor razón, pero no por ello se puede condenar anticipadamente y con sevicia y alevosía a las personas.

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