La peor distinción

James Fonseca Morales
Columnista

La publicación, en la revista estadounidense “U.S. News”, de una encuesta que pone a Colombia en el primer lugar mundial en la percepción de corrupción, es muy dañina para el país, porque las clasificaciones valorativas de ese medio, en todos los campos, tienen acogida universal. Pero también es insidiosa, porque ignora, sin excusa, el recién publicado “Índice de Percepción de Corrupción 2019” elaborado, como todos los años, por “Transparency International”, donde el peor lugar, entre 180 países, lo ocupa Somalia y Colombia aparece en el puesto 96.

Pero dejando de lado lo del puesto, pues que Colombia sea el 1º o el 96º, en nada altera los terribles efectos que la corrupción acumula sobre nuestras comunidades; vale la pena analizar una parte del artículo, que las traducciones de los medios nacionales dejan de lado.

Es la cita que hace de la afirmación de “Transparency International”, contenida en el “Índice de Percepción de Corrupción” que le da el puesto 96 a Colombia, que dice que la falta de control significativo de la corrupción está alimentando una crisis global en la democracia.

La falta de control significativo de la corrupción es una situación palpable en Colombia, que la Corporación Vigía Cívica ha venido denunciado en todos los escenarios posibles.

El estudio “La lucha contra la corrupción en Colombia: muchos intentos, pocos resultados” publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en 2013, establece que, a pesar de las medidas del Estado para frenar la corrupción, que incluyen nuevos mecanismos de acción gubernamental y de participación ciudadana, la situación no parece cambiar.

Este estancamiento, denunciado también en la semana que termina por el director de Transparencia por Colombia, tiene, entre otras causas, la dificultad para obtener condenas por una serie de conductas, entre las que están los delitos contra la administración pública, porque es necesario probar la mala intención del corrupto, que muchas veces no puede deducirse de su conducta o del resultado.

Otra de las causas, descritas en el estudio del PNUD, es el desinterés de los ciudadanos. Tenemos una sociedad donde la sanción social no se da si el implicado tiene poder, así lo haya conseguido o usado de manera fraudulenta y en la que muchas personas fraternizan, aplauden y hasta defienden al corrupto, por razones tan absurdas como la fidelidad al amigo, aunque nos esquilme a todos como comunidad, o tan pusilánimes, como evitar quedar mal en su esfera social.

Cuando vemos que individuos severamente cuestionadas por actos de corrupción son elegidos o nombrados en cargos iguales o superiores a aquellos en los que cometieron abusos, tenemos que concluir que, mientras a los ciudadanos no les duela el aprovechamiento tramposo de los recursos públicos, pocas cosas podrán cambiarse.