Fábricas de reincidentes

Adriana Vallejo
Columnista

La Sala Plena de la Corte Constitucional aclaró los criterios para ordenar detenciones preventivas de los ciudadanos. Con ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos, la Corte analizó la demanda en contra del numeral 4 del artículo 313 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, que establece las causales para que los jueces preventivamente puedan privar de su libertad a las personas procesadas por delitos.

La norma había sido promovida por la Fiscalía bajo el supuesto que servía para combatir la reincidencia de los delincuentes, enviando en forma preventiva a la cárcel a las personas peligrosas sindicadas de cometer delitos.

La decisión de la Corte Constitucional generó una gran polémica nacional, no por la sentencia en sí, difícil de refutar. La detención preventiva no puede basarse en circunstancias ocurridas y valoradas a la luz de los fines específicos de otro proceso, sino por el caso por el cual se solicita la medida de aseguramiento. “Toda persona debe ser juzgada conforme al acto que se le imputa”. Resulta lógico entender que una persona peligrosa lo es por sus actos no por su pasado, además la captura no es un antecedente judicial.

La polémica se origina en la interpretación errónea de algunos sectores políticos que llevan varios años aumentando las penas bajo el supuesto que esto disminuye los delitos. Con el populismo punitivo sólo se ha logrado aumentar el hacinamiento en los centros de reclusión. Los políticos consideran que con la cárcel se logra la venganza social que el pueblo espera, afirmó Néstor Osuna esta semana. También se equivoca la Fiscalía al considerar que puede disminuir la alta cifra reincidentes, que supera las 23 mil personas, aumentando las penas o reteniéndolas en los centros penitenciarios del país.

Sólo las personas que nunca han visitado un centro de detención en el país pueden imaginarse que, en esos lugares, las personas pueden resocializarse recuperando sus valores y encontrando un camino para seguir y vivir en la sociedad, por el contrario, en esos lugares se produce en forma masiva la violación a los más elementales derechos humanos. Las cárceles son fábricas de reincidentes.

Ojalá además de la polémica ocurran cambios en la política criminar y penitenciaria del país, se revisen los casos exitosos de prevención de delitos y resocialización de personas en otros países. Se reforme el Inpec o se sustituya por otra entidad pública o privada y se mejore sustancialmente el sistema de justicia.