Estado de Emergencia

Alberto Zuluaga Trujillo
Columnista
Ante el desafío de la humanidad por la pandemia del Coronavirus los gobernantes de las naciones vienen procediendo, unos más otros menos, con inteligencia y rapidez dictando las medidas para combatirlo y aminorar los efectos, tanto económicos como sociales que el invisible enemigo, insignificante en tamaño pero poderoso en destrucción, está causando a los habitantes de la Tierra. Frente a estas amenazas muchas de las constituciones autorizan a sus presidentes expedir decretos con fuerza de ley que ordinariamente solo pueden proferir sus respectivos congresos u órganos legislativos.

Nuestra historia republicana está plagada de recurrentes utilizaciones del estado de excepción que terminó convirtiéndose en una práctica común utilizada por nuestros gobernantes. En la Constitución anterior, la del 86, con el Estado de Sitio el gobierno no tenía límites en cuanto a su poder normativo pudiendo expedir leyes sobre materias distintas a las que habían originado su declaratoria. Los constituyentes del 91, celosos de la desvirtualización que por largos períodos había sufrido este mecanismo de excepción convirtiéndolo en un estado permanente de anormalidad, introdujeron en la nueva Carta tres claras situaciones de excepción: la Guerra Exterior, la Conmoción Interior y la Emergencia Económica, Social o Ecológica.

Los tres estados pueden ser declarados por el Presidente, con la firma de todos los ministros, pero cada uno tiene sus particularidades como tiempo de permanencia y alcance de sus normas. El que actualmente vivimos, decretado por el presidente Duque para hacer frente a la crisis financiera desatada por el COVID 19; está reglamentado por el artículo 215 de nuestra Constitución Política y señala que, cuando sobrevengan hechos distintos al Estado de Guerra Exterior y la Conmoción Interior, que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, constituyendo grave calamidad pública, podrá ser declarada por el Presidente.

Este estado de excepción solo puede permanecer por períodos de 30 días pudiéndose prorrogar dos veces más sin que sumados excedan 90 días en el año calendario. En el nuevo régimen constitucional se estableció un sistema de controles que recaen sobre los decretos legislativos, que así se les denomina a los dictados durante los estados de excepción, comprendido el control jurídico realizado por la Corte Constitucional y el político en cabeza del Congreso. En manera alguna bajo ninguno de los estados de excepción se podrán vulnerar los derechos fundamentales, cosa que sí sucedía con el Estado de Sitio.

Tiene pues el presidente Duque la potestad legal que le confiere nuestro Estado de Derecho para abocar, como lo está haciendo de la mejor manera posible, la gravísima situación reinante de la cual no existe antecedente alguno en la vida institucional del país. Quiera Dios iluminarlo para que con su entrega y dedicación, el apoyo irrestricto y la unión de todos los colombianos, podamos superar tan dolorosa emergencia. Como dijera el filósofo y escritor romano Apuleyo: “Uno a uno somos mortales, juntos, seremos eternos”.
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