Escampavía

Juan Guillermo Ángel Mejía

Columnista

Se están reuniendo representantes gremiales y autoridades para decidir sobre los peajes que, como hemos sostenido, son barreras económicas que tienen un impacto indudable sobre el desarrollo de la región, impuestos que acumulan décadas en manos de particulares que, en nuestro concepto, no muestran un balance positivo entre lo acumulado y lo construido.

Recordamos como los anteriores gobernadores de Caldas, Risaralda y Quindío, conocedores que si bien la concesión no había completado el período pactado, si había superado la meta de recaudos propuesta,  iniciaron un proceso jurídico reclamando la terminación de lo que ellos consideraron un abuso; estimaban los mandatarios que los excedentes del contrato sobrepasaban entonces los doscientos cuarenta mil millones de pesos, dineros que se siguen acumulando en las arcas de la concesionaria a tal punto que, de ser, como corresponde, recursos que le pertenecen a la región; el haber perdido ese pleito no quiere decir que no sea posible recuperar lo que nuestro es, en cuyo caso tendríamos suficiente y de sobra para acometer todo el paquete que ahora nos ofrecen y sobraría mucho dinero.

Ahora bien, se discute si el peaje de Cerritos, el cual ya cumplió más de cincuenta años, record nacional y límite entre nosotros y el norte del Valle, peor entre Pereira y corregimientos donde habitan gentes de bajos ingresos se debe prolongar en el tiempo dado un menú de obras indispensables y urgentes, alternativa que ahora recibe la acción coordinada de lobistas incrustados en los gremios sin que, a nuestro entender, tales apoyos tengan un sustento juicioso y menos criterios de solidaridad social, condiciones a tener en cuenta para dar el paso de alargar, lo peor por treinta y lo menos grave por quince años, un impuesto tan oneroso para los que menos tienen, con el objeto de realizar obras que nosotros aceptamos son urgentes y no tan monumentales  como son las intersecciones, las cuales no justifican tamaños impuestos y otra no tan inminente como es la más costosa doble calzada a La Virgnia.

Si la razón de ser del peaje es recuperar una inversión que favorece al usuario, tenemos que aceptar que las soluciones viales para acceder a los conjuntos residenciales son obras que se deben acometer de inmediato, pero haciendo justicia es decir distribuyendo los costos entre los beneficiarios directos de una parte y proporcionalmente a quienes reciben un menor lucro, en otras palabras, el peaje propuesto queda en el lugar equivocado.

Coincidimos que es mejor que los peajes los manejamos nosotros y no los otros, aunque ya aparecieron los lobistas del negocio del peaje eterno, da pena ver a algunos representantes gremiales de un lado defendiendo los intereses de un gigante empresarial foráneo tratando mantener una mina de oro a nuestra costa y por secuela seculorum, de otro lado  manejando opinión para oponerse al gobernador cuando reclama para el estado lo que del estado es, y finalmente, tratando de cargarle a un núcleo humano que en nada se beneficia como son los habitantes de las orillas del rio La Vieja o los viajeros por necesidad del norte del Valle, obras que valorizan a los conjuntos de más lujo en la ciudad, sin que a los que más tienen les cueste un peso.

Ya le hemos dado más de lo suficiente a la poderosa empresa constructora, urge entonces volver a reunir a los gobernadores y alcaldes, sumados a los entes cívicos, gremiales y políticos para recuperar el control de lo que nos salió de las manos, si es que no hay mal que dure cien años y además queremos hacer justicia social a quienes hoy tienen que hacer transbordo para llegar a Pereira.