El voto militar

Oscar Alberto Díaz Garcia
Columnista

La constitución contempla en sus artículos 217, 218 y 219, la manera como se conforman las Fuerzas armadas de la nación. Establece que la fuerza pública no es deliberante y dispone el objeto de su existencia: la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad territorial, el orden constitucional y el mantenimiento de los derechos y libertades públicas. El art, 219 dice: La Fuerza Pública no es deliberante; no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima, ni dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley.

De la no deliberación se desprende el veto al voto; pero además el legislador, el poder judicial, la prensa, los medios, la opinión, optaron por negarle al militar un derecho natural ciudadano, racional: su derecho a expresar su pensamiento en todos los ámbitos del devenir nacional. Si en un principio fue sano mantener al uniformado lejos de la discusión política, del voto, hoy es un exabrupto y un abuso irracional e ilegitimo.

Ilegitimo porque los derechos del hombre consagrados en tratados internacionales, hacen parte del bloque constitucional; derecho que defienden a ultranza la libertad de conciencia y la libre expresión del pensamiento. Negar al militar su capacidad deliberativa equivale a castrarle la conciencia; deliberar es opinar, es reflexionar antes de tomar una decisión, considerando detenidamente los pros y los contras o los motivos por los que se toma.

Desde 1945 existe la prohibición al voto; en los años de la violencia partidista, la policía, de carácter civil adscrita a los municipios, se vio inmersa en situaciones ambiguas dado que no pertenecía al ministerio de guerra. Hoy hacen parte de las fuerzas armadas y dependen del ministerio de defensa nacional; son un cuerpo profesional disciplinado, lo mismo que las fuerzas militares. Es viable que mediante directivas internas, se evite el proselitismo político dentro de los cuarteles; así como se prohíbe la participación proselitista dentro de los empleados del sector público oficial; de hecho a ellos no les prohíben votar, ni pensar u opinar. Además el voto es secreto.

A los uniformados y sus reservas los políticos les prometen la seca y la meca; mejor salario, mejor salud, unos mínimos derechos al bienestar; jamás les cumplen. Prefieren llenar de beneficios, de curules, de prebendas, a quienes asesinan la patria y los servidores del estado. Para los subversivos todo, para los defensores de La institucionalidad, nada. La ley del veterano, que debiera reivindicar los derechos al militar, es un saludo a la bandera que concede honores de forma que nadie cumple; pero de fondo poco.

En América Latina, Guatemala, Honduras Paraguay y Colombia mantienen el veto a los militares para votar; pero solo en Colombia les prohíben pensar. Les castraron la conciencia.