El precio de una opinión

Luis Miguel Cárdenas Villada
Columnista

Analógicamente con un principio de la Economía Política, lo que resulta una intrepidez, se abordara con simpleza el tema de opinar, con razón o no. El valor o trabajo necesario para transformar un objeto en producto esperando un beneficio se logra en el intercambio, produce una ganancia como expresión, es el significado de precio, son los elementos pares para formular la similitud anunciada.

Una persona que opina tiene claro el contenido y formación del concepto que emitirá. Es una actividad referente, una actitud responsable por lo tanto sus contenidos precisaran una idea contentiva de principios claros, amplios y transparentes que solo comprometen a su autor. Por tal motivo quienes producen informaciones críticas deben ser personas con alta solvencia moral y sapiencia intelectual esperando siempre que sus sentires sirvan para generar reflexiones y no para sustentar una actividad lucrativa como forma laboral de vida. Opinar esperando una remuneración es crear una barrera entre lo real y lo imaginado con recurrente beneficioso como expresión de una imagen que solo quiere ser vendida. No solo se vende en la comunicación social, también la institucionalidad produce dictámenes que son juicios de valor que pueden perjudicar o beneficiar a alguien sin que anteceda un juicio con plena demostración de hechos y circunstancias.

En la organización administrativa de un Estado de Derecho, existen mecanismos generadores de juicios que implican decisiones de diferentes órdenes La Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría como organismos de control son emisores de juicios que se originan en una opinión que debe ser reconocida y comprobada, para ello utilizan los mecanismos para los cuales fueron creadas procurando siempre una actuación limpia e imparcial. Eso es lo esperado y lo reglado. Cuando se actúa más allá de los límites de competencias buscando protagonismo es cuando la institucionalidad pierde sentido causando malestar y conflictos sin dilucidar que en nada benefician a la sociedad. Se actúa con beneficio particular previamente concebido, abandonando por extralimitación sus objetivos reales. Esto se logra emitiendo opiniones convertidas en juicios de valor que finalmente perjudican pero construyen imágenes enaltecedoras cosméticas para quien indebidamente las emiten. Regularmente esto sucede, del hecho solo queda el daño causado y el funcionario enaltecido.

En un lugar de Colombia de cuyo nombre no se recuerda con regularidad, unos ciudadanos obrando sin demostración plena de derechos por ellos aducidos, deciden voluntariamente invadir un terreno rural caracterizado en su ordenamiento territorial como un suelo protector ambiental con espacialidades concretadas y decretadas donde existen floras y faunas endémicas orográficamente localizadas, retiros viales protectores, acuíferos con biodiversidad, bosques y plantíos generadores de agua y con riesgos no mitigables. Su formación catastral integral hacen de su componente geográfico una elemental interpretación de linderos donde los implicados manifiestan en el tiempo su no interés de reclamación constituyendo un pacto por confianza legítima de que el lote no es reclama entre otras cosa porque su uso conforme es protector.

Pero en interpretación extraña de la Defensoría del Pueblo determina romper sus competencias impidiendo la restitución de un suelo afectado por razones de una invasión totalmente ilegal e ilegítima que produce daños irreparables con el único argumento de la defensa de un derecho humano no demostrado plenariamente. Para efectos de competencias un funcionario de la Procuraduría Provincial emite un Juicio de valor aún más extraño y es que los derechos humanos solo cobijan a individuos vulnerados sin demostración plena y los otros plenamente vulnerados no son sujeto de derechos porque actúan para su propia conveniencia. Se tiene claro el valor de opinión pero a pesar de ello se busca un precio por indebido protagonismo.

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