Denunciado hace diez años

James Fonseca Morales
Columnista

Desde hace 10 años la Corporación Vigía Cívica ha venido revelando los efectos de la vena rota que representa para el fisco municipal la Central Minorista de la calle 40, donde solo el 33 % de los 483 puestos están escriturados a sus ocupantes, mientras el resto, que sigue siendo propiedad del municipio de Pereira, está ocupado de hecho y hasta sus servicios públicos de aseo, acueducto y electricidad vienen corriendo a cargo del municipio. El pago de esos servicios debe costarnos, a los ciudadanos de Pereira, aproximadamente $25 millones mensuales.

A lo anterior debemos agregar el lucro cesante de $10.136 millones, costo proporcional de la inversión hecha en los puestos que aún están sin escriturar y el valor del impuesto Predial, imposible de cobrar mientras el municipio continúe apareciendo como dueño del inmueble.
El único avance logrado por administración municipal en estos años, fue recuperar uno de los parqueaderos, que estuvo arrendado entre 2011 y 2016, pero que el arrendatario mantuvo irregularmente hasta el 19 de febrero de 2019. 28 meses tardó el municipio, empleador de los funcionarios que tenían que gestionar la restitución, para que esta ocurriera.

En el informe final de una auditoria exprés, de septiembre de 2019, la Contraloría Municipal de Pereira, anotó que la tarifa del arrendamiento, de 2011, de ese parqueadero era la suma de $2.086.136, pero el contrato estipulaba un descuento de $1.969.900 mensuales por gastos de administración y mantenimiento, lo que reducía a solo $861.236 lo realmente pagado, “cifra que no fue ajustada en cada vigencia con base en el IPC o el UVEP, método contemplado en el Acuerdo 78 de 2008.”

Es evidente que tanto el manejo de la edificación de la Central Minorista, como el de los parqueaderos, en los que seguramente se ha seguido el modelo descrito, ha habido un detrimento patrimonial constante, por el que alguien debería responder.

El actual alcalde de Pereira, Carlos Alberto Maya, en su época de secretario de Hacienda, denunció intimidaciones telefónicas contra él mismo y otros funcionarios de la alcaldía y de la Central Minorista cuando trataron de poner orden y manifestó su intención de hacer frente a esta situación irregular.

Los pereiranos veríamos con buenos ojos que, de una vez por todas, solucionara este muy prolongado y costoso asunto.

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La Corporación Vigía Cívica se une a las congratulaciones que han expresado todas las fuerzas vivas de Risaralda, a la Universidad Católica de Pereira por sus 45 años de actividad y hace un público reconocimiento de la valiosa colaboración que la UCP ha otorgado a Vigía Cívica. Sus directivas albergándonos generosamente en el campus y sus practicantes participando, con entusiasmo, de nuestro trabajo cotidiano en beneficio de las comunidades del Área Metropolitana de Pereira.