Cargas de Profundidad

Gabriel Alberto Toro Peláez
Columnista

Se diría que la función primordial del Estado es asegurar el orden público. Así es; ya que la seguridad entendida en el sentido más amplio e inclusive en sentido específico, según la materia de que se trate, resulta ser un elemento fundante, necesario a los demás derechos, porque sería bien difícil

implementar o asegurar la práctica de cada uno de los derechos fundamentales, si no existen por lo menos las bases de armonía que se requieren para su cumplimiento y respeto por todos los habitantes del territorio.

El Estado, deberá entonces, conseguir de los ciudadanos un ambiente general de armonía social, educando y dirigiendo a los individuos que lo componen, hacia el respeto de las normas de todo orden, dentro del conjunto de disposiciones que regulan el comportamiento, con el fin de que: por convicción, formación, costumbre, o aún mediante la coerción normativa y de ser necesario el uso de la fuerza, consiga imponer el orden, mediante la acción de los cuerpos armados, el órgano jurisdiccional, o el aislamiento carcelario, en casos extremos de afectación a la armonía social o vulneración de los derechos de los demás, por otros miembros del conglomerado nacional.

No es lógico que la autoridad de Estado tenga que esperar a que se produzca un daño a uno cualquiera de los bienes cuya preservación le hemos delegado los ciudadanos, para que intervenga, aún con la fuerza; cuando es deber de los funcionarios que lo representan, mantener la armonía, previendo y anteponiendo su accionar para conservarla.

Allí, es cuando se justifica plenamente la existencia de los cuerpos llamados de “inteligencia militar y de policía”, para que estén atentos a los acontecimientos que se están fraguando, en desmedro de la existencia del Estado o en perjuicio de su acción de beneficio público, de sus bienes y de los derechos individuales.

Que algunos periodistas, líderes revolucionarios y enemigos del orden social; cómplices o auxiliadores de malandrines (entre los que por desgracia se encuentran no pocos funcionarios, jueces y maestros), se incomoden por los actos gubernamentales de prevención; es previsible; pero son precisamente sus actividades, que manifiestamente buscan o apoyan la vulneración del orden social, las que justifican plenamente las labores llamadas de inteligencia y las demás funciones del Estado para preservar el orden social, la democracia y demás libertades.

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