Cargas de profundidad

Gabriel Alberto Toro Peláez
Columnista

El departamento de Risaralda acogió la propuesta presidencial de la siembra de árboles, habida cuenta de que hace parte del “Paisaje Cultural Cafetero” de naturaleza eminentemente rural.

Tanto el gobernador -Víctor Manuel Tamayo Vargas-, como el alcalde de los pereiranos -Carlos Alberto Maya López-, coinciden en el propósito de superar el porcentaje de espacio público que debiera corresponder, en este departamento, a cada uno del millón doscientos mil habitantes.

Pereira actualmente tiene el 3.8 y el departamento 4.5 metros cuadrados de espacio público por habitante; lo cual representa un gran déficit según recomiendan la ONU y la Organización Mundial para la Salud OMS (15 mts. Cuadrados). Cifras que deberíamos alcanzar para armonizar la población con su Medio Ambiente.

Más que antes, ya es hora de que todas las Entidades que velan por el cuidado de nuestros recursos naturales, trabajen a fondo en la defensa de las cuencas hidrográficas, la protección de fauna, flora, y la ejecución de acciones efectivas de reforestación, haciendo valer las normas claras contempladas en el POT, alejadas de intereses particulares y ajustados al servicio general. La Corporación Autónoma Regional de Risaralda debe operar acorde a la ley, con los Curadores Urbanos y Rurales, para frenar la ola de invasiones y construcciones ilícitas en las riberas de ríos y quebradas que, en los últimos años, ha tomado un auge abusivo en nuestro departamento.

Existe un gran aliciente, marcado con la promesa del mandatario Iván Duque, de sembrar –durante el período 2020-2022- un total de 180 millones de árboles; en decir en tres años, un promedio de tres árboles por habitante en Colombia. Esa cifra, en lo que compete a Risaralda, debiera ser superada con una meta de 6.000.000, equivalente a cinco árboles por cada habitante del departamento verde de nuestro país.

Es el momento de comprometer a las fuerzas vivas de Risaralda, las Secretarías de Planeación y Agricultura, La Carder, las ONGs, los alcaldes, corregidores e inspectores y muy especialmente a profesores y alumnos de todas las Instituciones Educativas -universidades, colegios y escuelas-, para que se impongan la tarea de arborizar todas las cuencas hidrográficas y protegerlas, mediante un plan coordinado, de siembra y conservación de las especies naturales pertinentes.