Cambio de tercio

Héctor Tabares Vásquez
Columnista

Si existe un tema que haya puesto a la humanidad a devanarse los sesos en la búsqueda de una solución justa y pertinente, es el de la sanción o de la pena o cualquiera sea la denominación. En la actualidad, los legisladores y una buena fracción de la comunidad, andan empeñados en dar a luz un nuevo engendro de normatividad, dirigido a escarmentar severamente un tipo de violación señalado y estimado en constituir uno de aquellos cuya expresión de rigor, conduzca a reprender a quienes resuelvan atreverse a incurrir en la conducta determinada. La materia no pasa tanto en conocerse si la inhabilitación proyectada es o no la correspondiente. Aquí el meollo del problema radica es en la efectividad de un correctivo para aplicar a futuro. Desde el punto de vista jurídico, no es exclusivamente preocuparse de la cantidad o cualidad del castigo. Una ansiedad suprema, la hallamos en la ausencia de una inquietud del congresista frente a la razón o motivo de los desórdenes de donde está la causa del obrar abusador.

Volvemos al mismo esquema estereotipado de creer en las puniciones elevadas, a modo de aparato idóneo en el control social. Constantemente olvidamos la prevención, antepuesta a la penalidad y ese devenir, ignorando la historia es la fotografía de lo sucedido, descuidamos al colectivo y lo privamos de la educación, la formación, de instruir y consolidar mentes enfocadas en servir a la población y no a dañarla. En fin, siendo esto una omisión reiterativa y crónica, surge otro aspecto de considerable trascendencia y lo es el procedimiento encaminado hacia el logro de la expiación al sujeto activo de un comportamiento indeseable. La indagación y el método empleado en la consecución de un trasgresor y de llegar a esa zona, con la aceptable calidad y proporción de elementos de prueba material, herramientas sine qua non en la obtención de un juicio ecuánime y equitativo. El cuestionamiento implica la evidencia de una falta de los recursos convenientes en la fase investigativa y en lo llamado primeras diligencias.

Es advertirse si es suficiente el personal, en número, apto, debidamente preparado en el acopio de las pesquisas destinadas a identificar al culpable del delito; si tienen los instrumentos y mecanismos indicados mediante las cuales accedan exitosamente a recoger los medios de convicción impuestos y oportunamente allegados al Juez encargado de dictar el fallo. Es ineludible aludir a un asunto tan serio como lo es la viabilidad de una condena, a la exigencia máxima del lado de la ley al formular sabia y categóricamente la obligación de poseerse, de parte del funcionario competente, la plena demostración de la ocurrencia del hecho y de la autoría de quien es llevado a los estrados judiciales en tal condición. Estas turbaciones son apenas obvias en un país enraizado en la improvisación, campeones del precepto, tradicionalmente enzarzado en discusiones tildadas de bizantinas, apegados al inciso, pródigos y exagerados en la disertación y en la retórica.

Dios nos coja confesados y no afrontemos una oleada de sindicados en camino de la absolución ante la orfandad de recaudo requerido, por prescripción de términos, carentes de la necesaria configuración de una política criminal huérfana de hacer realidad una vez más el latente apretujamiento y hacinamiento de los sitios de reclusión. Ronda la esperanza de un cambio de mentalidad y de un norte distinto en la inclinación noble de superar los entuertos de nuestra entraña, cogiendo el toro de los cuernos y no buscando el ahogado río arriba. Apremian los debates sobre un registro general de la mano de un orientación mayor en enseñanza, salud y trabajo, pero además, en lo superlativo, un extremo cuidado de los padres respecto de sus hijos.

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