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sábado, mayo 18, 2024

¿Se lograría el desmantelamiento de las estructuras criminales?

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Adriana Vallejo

Columnista

La semana pasada el ministro de justicia, Néstor Osuna, habló en la Universidad Libre de Pereira sobre el proyecto de ley “por el cual se establecen mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto y se dictan otras disposiciones”. Para algunos es una buena iniciativa para desmantelar estructuras criminales y disminuir el hacinamiento en los centros penitenciarios y para otros, como la Procuradora General de la Nación, con el proyecto se protege más a los victimarios que a las víctimas.

La política penitenciaria ha recobrado importancia en los últimos años. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la tasa de encarcelamiento en América Latina y el Caribe creció más de 137% en las últimas dos décadas. No sólo Colombia sino el resto de la región está sufriendo las consecuencias de un enfoque equivocado en la lucha contra las drogas que ha llevado a millones de personas a las cárceles por delitos de microtráfico y otros conexos. También ha contribuido a la alta tasa de encarcelamiento el populismo punitivo. Los gobiernos y los legisladores a través del aumento de los delitos punibles o de las penas han buscado los aplausos de una sociedad castigadora y renuente al perdón.

La privación de la libertad y el aumento de penas no disminuyen los delitos, por el contrario, los pueden aumentar, así lo demuestran diferentes estudios comparativos internacionales.  Además, como lo señala el BID, el encarcelamiento genera costos económicos equivalentes a un 0,39% del Producto Interno Bruto de la región, a esta cifra deben sumarse los costos sociales y humanitarios.

Según el BID, la emergencia sanitaria de la pandemia del COVID-19 agudizó la crisis penitenciaria. Igualmente, hizo más evidente la situación humanitaria de la población carcelaria, lo cual ha hecho que muchos países como Colombia reflexionen sobre la naturaleza de la gestión penitenciaria y se plateen otros enfoques. Sin duda se requieren otros instrumentos de política pública, cambiar las prioridades y buscar alternativas más efectivas y menos costosas para disminuir los delitos.

El proyecto de ley del ministro de justicia es un intento válido en ese sentido, lo difícil es implementarlo. No es fácil que los jefes de las estructuras armadas organizadas de crímenes de alto impacto dejen los lucrativos negocios asociados al narcotráfico para someterse a la justicia.

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