Se debe una explicación

Lo más preocupante es que ni siquiera los medios de comunicación encuentren garantías para ejercer su labor. Informar es un derecho de los periodistas y, ante todo, un derecho de la sociedad.
Lo ocurrido en el estadio de Manizales después del encuentro entre Once Caldas y Deportivo Pereira el pasado sábado, constituye un hecho inaceptable que merece el rechazo general y una explicación de las autoridades responsables. Las agresiones contra periodistas y jugadores no pueden tolerarse como si fueran simples incidentes del fútbol.
Resulta especialmente grave que integrantes de la logística, encargados de facilitar el desarrollo del espectáculo, sean señalados de atacar a quienes estaban allí cumpliendo sus funciones. Los periodistas acudieron a informar y los futbolistas a competir. Ninguno tenía por qué exponerse a golpes, intimidaciones o maltratos.
La situación adquiere mayor gravedad ante la ausencia de la Policía, según las denuncias conocidas. ¿Quién debía garantizar el orden? ¿Por qué no hubo una respuesta oportuna para proteger a los agredidos? Y si existieron omisiones de quienes tenían esa responsabilidad, ¿quién responderá por ellas? No son preguntas cualquiera, ni pueden quedar sin respuesta.
El fútbol despierta pasiones, pero ninguna rivalidad deportiva justifica la violencia. Mucho menos puede aceptarse que quienes tienen la misión de organizar y proteger un espectáculo terminen convertidos, precisamente, en protagonistas de las agresiones. La logística debe ser garantía de seguridad, no una fuente de temor para los asistentes.
Lo más preocupante es que ni siquiera los medios de comunicación encuentren garantías para ejercer su labor. Informar es un derecho de los periodistas y, ante todo, un derecho de la sociedad. Impedirlo mediante agresiones significa atentar contra la libertad de prensa y contra la posibilidad de que la ciudadanía conozca lo sucedido sin censuras ni intimidaciones.
Los jugadores del Deportivo Pereira tampoco pueden quedar expuestos a semejantes circunstancias. La seguridad de los deportistas, dentro y fuera de la cancha, es una obligación de las autoridades. La rivalidad entre equipos debe resolverse en el terreno de juego, no mediante ataques contra sus protagonistas.
Corresponde a los directivos del Once Caldas y a los responsables del estadio esclarecer los hechos, identificar a los agresores y establecer las responsabilidades correspondientes. También deben explicar por qué fallaron los mecanismos de protección y qué medidas adoptarán para evitar que episodios semejantes vuelvan a repetirse. El silencio o las excusas no solucionan nada.
La Dimayor, por su parte, no puede limitarse a observar desde la distancia. Debe exigir explicaciones, revisar los protocolos de seguridad y aplicar las sanciones que correspondan, con fundamento en las pruebas y en las normas vigentes. Ningún escenario deportivo puede convertirse en territorio donde la violencia imponga sus propias reglas.
La pasión por el fútbol no puede servir de excusa para atropellar la dignidad humana ni para silenciar a quienes cumplen la misión de informar. El partido terminó, pero la obligación de responder apenas comienza. No puede haber impunidad, y mucho menos indiferencia, frente a hechos que comprometen la seguridad y la libertad de prensa.
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