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domingo, febrero 25, 2024

“Saqueos” de la DIAN: ¿Quién responde?

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Harold Salazar Arboleda
Columnista

El contrabando es una práctica ilegal, es una forma de evadir impuestos, una acción que impacta la economía, el empleo, desestimula la inversión, destruye sectores de la economía, promueve la corrupción y la informalidad, entre otras variopintas culturas ilegales que crecen a su alrededor. Existe una amplia legislación en Colombia para combatir esta actividad tan ancestral como lo puede ser el comercio en el mundo. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que durante el año 2021, se confiscaron cerca de 36.000 unidades de productos de contrabando entre textiles, prendas de vestir y calzado, siendo algunos de los sectores más afectados por esta actividad ilícita.

Como se anotó, el contrabando conlleva a la corrupción en la cual se inscriben desde  grandes, medianos y pequeños empresarios, hasta comerciantes, funcionarios del estado, policía aduanera,  y una cadena notable de personas y organismos que, ante la cultura del dinero fácil, la falta de oportunidades laborales, la débil competitividad de la industria nacional, o bajo la disculpa de altos aranceles, optan por caminar por estas esferas corruptas que nada aportan al crecimiento de la economía del país.

Pero esa corrupción soportada bajo el criterio de “ilegalidad”, también tiene una cara especial que, realizada a micro y muy pequeña escala, no aparece en las estadísticas, ni en titulares de prensa, es soterrada, es cómplice, actúa soportada por silencios producto de maridaje entre el compañerismo y el afán de lucro individual fácil e imperceptible. Denunciarla es complejo, pues la tramitología para realizarlo no solo implica riesgo de vida, sino que, ante el valor del saqueo, es preferible callar, antes que ingresar al mundo kafkiano de la burocracia y procesos laberínticos complejos de recorrer.

El familiar residenciado, por ejemplo, en los Estados Unidos, envía en una caja algunas camisetas deportivas – dos o tres- un par de tenis, un par de jeans, a nuestro país. Independiente si pago impuestos o no, la caja aparece en la dirección del familiar en Colombia con sellos de la DIAN. Hasta allí todo normal. Pero la sorpresa llega al momento de abrir la caja tan esperada, soñada, necesitada y como Pandora con su caja, la tristeza aparece, pues de las promesas que le hicieron, tal vez, solo la mitad se cumplió —y no se habla aquí de las promesas de campaña de los políticos—, o únicamente aparecieron los artículos ya usados, o los que no son de marca reconocida, o de las tres camisetas solo aparece una, y el jean que era de “buena” marca y que con entusiasmo le habían anunciado, tomo las de Villadiego. La llamada pertinente, el asombro, la melancolía y la impotencia absoluta aparecen en las personas. Si este escenario se repite miles de veces, el negocio se torna interesante.

Si el decomiso fue legal por falta de pago de impuestos, este debería ser de toda la caja, no solo parcial — a la vez que se debería comunicar la reglamentación utilizada para la acción confiscatoria—y si pagó impuestos, la situación evidentemente es grave. Las preguntas son: ¿quién responde por los faltantes? ¿ante quienes se puede hacer la reclamación? ¿dónde está la trazabilidad de las mercancías decomisadas? ¿cómo se puede consultar dónde será el remate de los productos “decomisados” ?, y finalmente, esta corrupción encriptada en las esferas del laberinto estatal ¿quién la detiene?

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