Lina Arango
Si hay algo que nos ha dado esperanza en medio de la devastación causada por el terremoto, ha sido la solidaridad. Miles de millones han sido destinados no solo para la atención humanitaria de urgencia, si no para la reconstrucción de las zonas afectadas. Dicha reconstrucción, valorada inicialmente en $20 billones y un período de 5 años como mínimo requerirá una arquitectura institucional capaz de responder con rapidez, rigor técnico y absoluta transparencia para prevenir que los riesgos de corrupción que se presentan en el manejo de los recursos en contextos de desastre se materialicen. Colombia ya vivió un proceso de reconstrucción xitoso con el sistema FOREC, que logró articular recursos, actores y decisiones con eficiencia. Por el contrario, la reconstrucción de Mocoa dejó lecciones dolorosas sobre cómo la falta de transparencia puede desviar recursos en momentos críticos. Las auditorías evidenciaron contratos sin trazabilidad, sobrecostos injustificados y operadores que actuaron sin controles suficientes, lo que debilitó la confianza pública y retrasó obras esenciales. La ausencia de plataformas abiertas de seguimiento permitió que decisiones clave se tomaran sin escrutinio ciudadano. Ese precedente obliga a que la reconstrucción del Eje Cafetero adopte estándares mucho más estrictos para evitar repetir los errores que marcaron el caso Mocoa. La experiencia internacional confirma que los procesos de reconstrucción generan confianza cuando la información es pública, la trazabilidad es obligatoria y la ciudadanía participa activamente en la vigilancia.Países como Japón y Chile demostraron que la reconstrucción puede fortalecer la confianza pública si se implementan plataformas abiertas, auditorías independientes y mecanismos de control ciudadano vinculantes. El Eje Cafetero enfrentará inversiones multimillonarias, contratación acelerada y decisiones técnicas tomadas bajo presión. Ese escenario es fértil para riesgos de captura institucional, sobrecostos y contratos diseñados para beneficiar a operadores específicos. Por eso es indispensable que el Gobierno implemente un sistema de transparencia reforzada: publicación inmediata de contratos, modelos financieros abiertos, trazabilidad de ada peso invertido y auditorías ciudadanas con capacidad real de incidencia. Por otro lado, aunque las prioridades en el Eje Cafetero cambiaron, los problemas estructurales que he denunciado durante años siguen vigentes. El sistema de peajes, por ejemplo, no desaparece porque haya un terremoto. Las distancias entre peajes continúan sin regulación, las tarifas siguen sin criterios técnicos unificados y los modelos financieros permanecen ocultos.
La reconstrucción exigirá movilidad, corredores seguros y planificación territorial, y nada de eso puede hacerse ignorando que el sistema de peajes es hoy una barrera económica para miles de familias. La emergencia no puede ser excusa para perpetuar ese modelo.El caso de Autopistas del Café será especialmente relevante en este nuevo contexto. La reconstrucción exigirá revisar información financiera, proyecciones de tráfico, ingresos reales y obligaciones contractuales. La ciudadanía necesita saber si los peajes que paga corresponden a obras efectivamente realizadas y si los ingresos recaudados se ajustan al interés público.
La transparencia en este corredor no es solo un asunto histórico: será un componente técnico para garantizar que la reconstrucción no profundice las inequidades existentes. La reconstrucción del Eje Cafetero debe ser un proceso transparente, auditado y justo, donde no se perpetúen modelos abusivos como lo es el que depende únicamente de peajes. La ciudadanía ya ha demostrado que está dispuesta a vigilar, exigir y participar. Ahora le corresponde al Gobierno garantizar que esta vez la reconstrucción sea un ejemplo de integridad y no otro capítulo de opacidad.
