Ramiro Tabares Idárraga
Esa superintendente es mi heroína. Su vida pública es un espejo de transparencia, compromiso, honestidad y defensora del consumidor final. Por eso tiene tantos enemigos en las esferas del poder y especialmente entre los empresarios mañosos. Se dice que la demanda de nulidad de su nombramiento costó una millonada y es platica se perdió, porque ahí está ejerciendo y actuando.
Fue noticia de la SIC el acuerdo con la transportadora PROGASUR para devolver $ 8.796 a 2.6 millones de usuarios de 11 departamentos, no incluido Risaralda, a quienes les hicieron cobros no debidos, donde la empresa reconoció el abuso y la devolución se hará vía factura entre los meses de junio-diciembre de 2026. Lo que inició con una queja de un usuario en un municipio distante, gracias a la intervención del Presidente Petro; hoy es una realidad para devolver y corregir la falla. Hace carrera en la historia nuestra que las visitas del presidente por las regiones es para reunirse en batallones con políticos corruptos y empresarios bandidos para montar negocios y hacerse a activos del estado. Este gobierno recorrerá el territorio para escuchar a las comunidades y sus problemáticas. Dentro de un estado de bienestar hay que profundizar el bien común y la justicia social.
En la página oficial de la SIC sobre esta actuación dice: “Este tipo de actuaciones forman parte de las labores de inspección, vigilancia y control que adelanta sobre las empresas de servicios públicos domiciliarios en el país. Según explicó la entidad, el propósito es verificar que las tarifas cobradas a los usuarios se ajusten a las condiciones regulatorias definidas por las autoridades competentes y que cualquier diferencia identificada sea corregida. Estas actuaciones propenden por la protección de los derechos de los usuarios finales, garantizando que reciban un servicio bajo condiciones de equidad y eficiencia. Estas actuaciones hacen parte y están dentro de las competencias establecidas en la Constitución y en la ley para supervisar la prestación de los servicios públicos domiciliarios.
La otra noticia para la región fue la decisión del gobierno de decirle no más a la concesión de Pacifico 3. Es un sistema abusivo que riñe con la integración y la competitividad, además de afectar la vida de miles de usuarios; con ganancia adicional como la tarifa diferencial para residentes.
