JAMES FONSECA
Según reportes de prensa el terremoto del 10 de agosto de 2026 dejó en el Aeropuerto Matecaña tres personas fallecidas y varias heridas por el desprendimiento de muros, elementos de cubierta y cielorrasos, que también afectaron las zonas comerciales, salas de espera y espacios de abordaje.
Aunque el gerente del aeropuerto, Luis Fernando Collazos, afirmó que las inspecciones no encontraron daños estructurales que comprometieran la estabilidad del edificio, quedan unas preguntas: ¿por qué fallaron elementos no estructurales dentro de la terminal? y ¿qué condiciones de seguridad ofrecían a sus ocupantes?
Más de 70 días después, la operación continuaba restringida. Según reportes periodísticos, funcionaban apenas dos salas de espera y ocho módulos de registro, frente a los 32 anteriores a la emergencia. Los pisos segundo y tercero permanecían cerrados, y los daños en escaleras eléctricas, ascensores y otros equipos limitaban el servicio. Pasajeros, comerciantes, trabajadores y empresarios turísticos también sufrían las consecuencias económicas y operativas.
El asunto no puede reducirse a reparaciones. El Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente, NSR-10, adoptado mediante el Decreto 926 de 2010, incluye las edificaciones aeroportuarias en el Grupo IV: “Edificaciones Indispensables”. Su capítulo A.9 regula los elementos no estructurales y la tabla A.9.2-1 exige para ellos un grado mínimo de desempeño superior: daños mínimos que no interfieran con la operación del edificio ante el sismo de diseño.
La caída de muros y cielorrasos obliga a preguntar si la terminal cumplía las exigencias aplicables. Para responder, se requiere una evaluación técnica independiente de diseños, licencias, materiales, intervenciones e informes de inspección.
La dimensión también es jurídica. El artículo 23 del Código Penal define la conducta culposa en relación con la infracción del deber objetivo de cuidado y la previsibilidad del resultado. Las sentencias SP3790-2022 y SC13925-2016 de la Corte Suprema abordan estos criterios. No prueban por sí mismas responsabilidades en Matecaña, pero respaldan la necesidad de esclarecer los hechos. La Fiscalía debería evaluar si procede investigar las causas de las muertes y posibles conductas penalmente relevantes.
También deben examinarse las reclamaciones de los afectados. El artículo 2060, numeral 3, del Código Civil contempla responsabilidad del constructor por determinados vicios de construcción, suelo o materiales, dentro del plazo de 10 años posteriores a la terminación; su procedencia debe establecerse jurídicamente.
La administración aeroportuaria debe explicar los daños, las reparaciones pendientes, las evaluaciones que respaldan la reapertura y el plazo para recuperar la operación normal.
El terremoto fue un fenómeno natural, pero sus consecuencias también dependen de la calidad de las construcciones, el cumplimiento de las normas y la prevención. No basta con señalar que tembló la tierra: hay que establecer por qué ocurrieron las fallas, si podían prevenirse y quién debe responder. Las víctimas y la ciudadanía merecen respuestas, no solamente la expectativa de las reparaciones.
