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lunes, mayo 20, 2024

Puro bla bla bla…

Es tendencia

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Rodrigo Ocampo Ossa

Columnista

Nuestra flamante constitución declara en su artículo 44 que los derechos de los niños son prevalentes sobre los derechos de los demás, y claro, esa norma se complementa con tratados internacionales como la convención internacional. A renglón  seguido, en el artículo 46 dice proteger a los ancianos, y de nuevo, se refuerza tan tierna declaración con leyes y tratados internacionales.  Ahora veamos la realidad. Una familia compuesta por tres niños y la abuela circulan  por la ciudad  en un vehículo, con la mala suerte de equivocarse en el día del pico y placa. Son detenidos por dos agentes de tránsito de género femenino, y sin valer ruegos o explicaciones, su vehículo es inmovilizado. La abuela y  los niños  pequeños a su cargo quedan expuestos en la vía pública sin ningún recurso o protección. ¿Tiene sentido, es tan grave la infracción como para jugar con la vida de niños y ancianos?  Es hora de preguntarse si las autoridades de tránsito tienen la facultad de despojar de su propiedad a los ciudadanos sin intervención judicial, y si el pico y placa es legítimo cuando viola una serie de derechos constitucionales como el de la libre locomoción (artículo 24), el debido proceso (artículo 29) y la integridad personal (artículo articulo 12) con el débil argumento de la necesidad de ordenar el tránsito, pues es evidente que los problemas no los crea la cantidad de vehículos, que a propósito pagan impuesto de rodamiento, de semaforización, IVA a la gasolina y peajes para  poder circular libremente, sino el mal uso de las vías. Por ejemplo, hay cientos de talleres  y ventas de carros que ocupan vías públicas con su servicio, se  permite montar carpas de negocios sobre la vía a Cerritos, la más peligrosa de la ciudad y se encuentran vehículos parqueados frente a los avisos de no parquear en la Circunvalar. Eso si afecta el tránsito, como lo afecta no tener como renovar los pases, porque no hay logística para hacerlo. Un candidato a la alcaldía de Bogotá ha prometido revisar el pico y placa porque hay estudios suficientes que prueban su ineficacia para mejorar la velocidad de desplazamiento. Cuando se nota que las medidas coercitivas a los ciudadanos no tienen ninguna propósito de mejoramiento de la calidad de vida, entra la  sospecha de  que son  una forma de control social, lo mismo que se hizo con las restricciones de la pandemia, para mantener en estado de incertidumbre a la población y poderla manipular, totalitarismo blando y barato.

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