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domingo, febrero 25, 2024

Puños, riesgos y plata perdida en Matecaña

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James Fonseca Morales

Columnista

La riña, vergonzosa, entre taxistas y conductores de vehículos particulares que prestan servicio de transporte no autorizado en el aeropuerto Matecaña, fue la desagradable manifestación del caos que cotidianamente perturba a los usuarios de esa terminal de pasajeros para llegar o salir de ella. Generado, en parte, por la falta de un agente oficial que organice algo tan elemental y consuetudinario allí como el abordaje de los taxis, que terminó siendo manejado por un espontáneo que se autootorgó una especie de autoridad y la imponía vociferando órdenes desde el andén.

Pero, para disgusto de los pereiranos que tenemos en un pedestal a Matecaña, no es el único caos que deben enfrentar los viajeros para llegar o salir de la terminal aérea. Desde hace meses la Corporación VIGÍA Cívica viene denunciando el riesgo que para la integridad física de los peatones genera la circulación entre el edificio de Matecaña y los parqueaderos de la Sociedad de Mejoras.

Los dos lugares están separados por seis carriles de tráfico vehicular, que son: los cuatro de las vías vehiculares de llegada y salida de la zona, además de un separador situado entre los de cada sentido, dos que llegan al frente de piso inferior del edificio, o dos que llegan al piso superior, estos en forma de rampas hacía en nivel intermedio; además de una ciclovía. En total son unos 45 metros o, más o menos, media cuadra de una peligrosa carrera de obstáculos para personas sin agilidad de movimientos, o cargadas de equipaje o para niños o ancianos.

Frente a lo descrito y como ha pasado el tiempo y ninguna de las entidades involucradas quiere hacer lo necesario para solucionar el peligro, desde esta columna advertimos hoy, públicamente, a las autoridades municipales de la existencia de esta zona de riesgo latente para la vida de personas y recurriremos, mediante una queja, a la Personería de Pereira para que investigue la omisión de los funcionarios responsables.

También valdría la pena que el Concejo Municipal y los organismos de control, se interesaran por lo ocurrido con los $5.746.480.000 de la estampilla “Pro-Cultura” y $4.309.860.000 de la estampilla de “Bienestar del Adulto Mayor”, causados en 2018 por la firma del contrato de Asociación Publico Privada, APP, para remodelar nuestro Aeropuerto Internacional y que debería pagar OPAM, por su calidad de contratista.

Esto porque en la plataforma informática del Consejo de Estado y con relación a la sentencia de segunda instancia de la demanda de nulidad, interpuesta por OPAM, contra los actos administrativos de liquidación de las estampillas mencionadas, aparece la siguiente anotación: «Revocar la sentencia apelada, en su lugar: primero. declarar la nulidad de los actos demandados».

La pérdida de $10.056 millones del arte y los adultos mayores, no puede pasar inadvertida.

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