Pbro. Diego Augusto Arcila
El Viernes Santo, 2 de abril, un grupo de personas autodenominadas “satánicas” se tomó la carrera Séptima en la capital colombiana para realizar lo que llamaron “procesión satánica”, coincidiendo con el tradicional ejercicio del Santo Viacrucis que se celebraba en ese mismo momento en las iglesias católicas ubicadas a lo largo de esta importante vía. Los supuestos “manifestantes”, como se hicieron llamar, se detuvieron frente a templos emblemáticos como Nuestra Señora de las Nieves, Nuestra Señora de las Aguas y la iglesia de San Francisco, patrimonio histórico, religioso y cultural, irrumpiendo en esta última de manera violenta para sabotear el rezo que devotamente se realizaba allí. ¿Protesta, provocación o allanamiento? Esa es la pregunta.
La Ley 133 de 1994 excluye el satanismo del ámbito de protección como religión en el ordenamiento jurídico colombiano. Además, los artículos 201 y 202 del Código Penal protegen la libertad religiosa, sancionando conductas que la perturben o afecten. ¿Por qué ciertas minorías, llámense como se llamen, en este caso bajo la etiqueta de “satánicos”, pretenden alterar la paz, el libre ejercicio de la fe y un rito sagrado? Es la intolerancia de quienes piden tolerancia; la desfachatez de quienes exigen cordura; la violencia simbólica de quienes dicen abogar por un país más justo.
Provocar proviene de la raíz latina provocatio, acción de irritar o excitar, muchas veces con violencia; en contraste, respetar deriva de respicere, mirar dos veces para no alterar la realidad sin fundamento. Eso es lo que pedimos: respeto. Ocurrió en la capital, pero puede repetirse en cualquier lugar. Recuerdo que hace años, en Pereira, en el barrio Providencia, vivió quien fue llamado el “papa negro”, personaje pintoresco que se proclamaba representante de Satán. Lo conocí en una entrevista: tenía de todo, menos de diablo; era amable, cortés, divertido y cordial. Su enojo era una protesta interna contra la Iglesia Católica y Jesús de Nazaret. Por lo demás, disfrutaba la fama que la prensa le dio, y de la cual se aprovechaba.
Hace falta más sensatez. Podemos mirarnos mejor, abrir espacios de diálogo y construir vínculos donde prime el respeto, la convivencia y la responsabilidad compartida. En una sociedad plural, la libertad implica límites claros: nadie puede imponer su expresión a costa del derecho ajeno. La crítica es legítima, la protesta también, pero no la agresión ni la interrupción violenta de actos de culto. El disenso requiere formas que cuiden la dignidad de todos. Cuando se cruza esa línea, deja de ser expresión y se convierte en imposición. Por eso, más que consignas, se necesitan acuerdos básicos de convivencia. Solo así podremos habitar las diferencias sin destruir lo común, reconociendo que la libertad propia termina donde comienza la del otro. Cuidar ese límite es tarea de todos, autoridades, ciudadanos y comunidades, para evitar que hechos similares se repitan.
