Alexander Ríos Arboleda
Hace 10 años que se consultó a los colombianos en las urnas sobre los acuerdos de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), el resultado fue la negativa, basados en los innumerables despropósitos de la negociación que favorecían descaradamente al grupo terrorista. No obstante, el mandato al presidente de entonces Juan Manuel Santos maquilló el texto del acuerdo y lo hizo aprobar en forma exprés en el Congreso de la República.
Hoy mucho de lo advertido ha sido refrendado por la historia, Las curules gratis para miembros de la organización subversiva, incluyeron varios de sus mayores delincuentes, retando la dignidad de los miles de víctimas, y de muchos colombianos que no podíamos ver a estos violadores de menores de edad, secuestradores y asesinos, ponderando de lo divino y humano en el recinto de la democracia. La institución encargada de impartir justicia como es la JEP, no condenó convenientemente a los miembros de las FARC, hasta tanto cumplieran los 8 años en el Congreso. Las penas que les ha proferido la JEP son mínimas, siendo algunos de los delitos de lesa humanidad. Algunos creímos ingenuamente que esta institución de la JEP iba a actuar eficientemente, pero su sesgo ha facilitado el reclamo airado de organizaciones que representan las víctimas de las FARC, porque los fallos han sido pocos y el tiempo de su existencia fenecerá en el año 2033. A tal punto ha sido su inoperancia que el propio propulsor de los acuerdos como es Juan Manuel Santos ha reconocido que es mejor que se termine su periodo de 15 años y no se prolongue al 2037 como se había posibilitado.
Por los equivocados acuerdos de la Habana y la permisividad estatal, mucho bosque y selva se ha talado, para el incremento de las áreas de cultivos de coca, y la explotación minera ilegal, todo este atentado contra los recursos naturales lo siguió liderando las sucursales de las FARC, y detrás siguió el reclutamiento de menores, asesinato de lideres sociales, ataque con drones a la fuerza pública y una zozobra generalizada en el campo y las ciudades por las extorsiones y violencia.
P.D. La declaratoria de la muerte política del expresidente del Congreso de la República Iván Name Vásquez, proferido por el Consejo de Estado, basados en el caso de corrupción de la UNGRD, confirma las denuncias del trafico de influencias del gobierno Petro para aprobar la antitécnica reforma pensional, para que la dirigente María José Pizarro tomara el mando de las sesiones del Senado y facilitara el trámite de la ley en mención. Lo trágico de este caso de corrupción es la familia, un hombre mayor que dejo su prestigio por un puñado de billetes, sin importar el dolor de sus allegados y en especial los de sus nietos.
