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jueves, febrero 22, 2024

Pedagogía del conflicto. Parte Crítica

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UTOPIAS

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Gonzalo H. Vallejo A.

Columnista

Una bomba social activada por la miseria, la inequidad y la injusticia social, amenaza con estallar. La intolerancia, la violencia, el oprobio y la exclusión han lacerado de manera inclemente a un país cuya problemática será inabordable si esta carga explosiva no se desactiva. Más de 10 mil personas secuestradas, torturadas, asesinadas y desaparecidas, claman justicia desde sus anónimas fosas y exigen repudio y castigo para aquellos execrables delitos, crímenes de lesa humanidad cuyos autores los convirtieron en víctimas de esas múltiples violencias fratricidas que flagelan el cuerpo desfalleciente de la patria. A lo lejos y refugiados en el miedo, los lugareños oyen disparos que salen de cambuches ocultos entre la manigua y trincheras color verde oliva. Esos homicidios selectivos han dejado postrados en la angustia, el desarraigo, la apatía y el dolor a miles de colombianos.

La posibilidad de una justicia restaurativa que aboga, además, por la no repetición, se convierte muchas veces en un sofisma de distracción. Muchas cosas serán aparentemente olvidadas, muy pocas reparadas y quizás, muchos de esos hechos y acciones se repetirán: genocidios y ecocidios, falsos positivos, desapariciones y desplazamientos forzados. Por eso siguen ondeando en nuestros campos las banderas del odio y el rencor, allí donde todo deseo de venganza no es más que el ansia de una justicia insatisfecha ante la impunidad, el contubernio, la indolencia y la omisión reinantes. La sangre de nuestros líderes sociales no puede seguir siendo derramada y pisoteada, sino redimida por una justicia “libre de las ataduras y las barrabasadas despóticas de un poder y de un terror insaciables”, enfatiza el catedrático español Diego Quiñones Estévez.

La debacle política, económica y social en la que estamos sumidos, nos permite observar desde este presente histórico, cómo la educación y la cultura nunca han sido un asunto prioritario y no han formado parte de una política de Estado que planea y fija estrategias y dispositivos gubernamentales, organizacionales e institucionales claros y coherentes que propendan por el bienestar bio – psico – social de los ciudadanos. A pesar de la expedición normativa y reglamentaria de la Ley General de Educación (1.994), a tono con nuestro modelo de Estado Social de Derecho contemplado en la Carta de 1991, la realidad de la praxis curricular y académica de las instituciones educativas colombianas, refleja una parálisis paradigmática y una resistencia al cambio. Se mantiene un canon educativo que justifica, sublima y reproduce un régimen de inequidades, incongruencias e injusticias.

Sólo una educación crítica, humanista y solidaria que enseña desde la pedagogía del conflicto lo que es una cultura de paz; que alecciona sobre cómo aprender a nadar contra la corriente haciendo uso del pensamiento crítico y disruptivo; que sabe reaccionar contra la ignorancia y la injusticia, el pesimismo y el resentimiento; que es respetuosa de la pluralidad y las diferencias y defensora de las libertades, la equidad y la justicia social; que nos orienta en el diario vivir hacia la búsqueda del otro y el encuentro dialógico y fraterno, nos permitirá hacernos comprender que todos participamos de esa misma y sinigual aventura: erradicar el miedo y la barbarie de nosotros y los otros. En su obra “De sus lises y de sus rosas”, nuestro escritor José Maria Vargas Vila escribía: “La justicia es la cima solitaria, sobre la cual no se siente sino el estremecimiento de un vuelo: el de las alas de la verdad”.

gonzalohugova@hotmail.com

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