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martes, junio 25, 2024

PAZ TOTAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN COLOMBIA

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Si bien la comunidad internacional ha expresado su apoyo a las negociaciones de “Paz Total” en Colombia, el panorama interno no es tan optimista debido no sólo al recrudecimiento de la violencia proveniente de los grupos con quienes se espera lograr el acuerdo y la incertidumbre generada por la improvisación en el proceso, si no a la falta de confianza, credibilidad y transparencia en el uso de los recursos por parte de las instituciones del Estado.  Premiar con “mermelada” a los congresistas que se han enriquecido con la contratación pública afectando la inversión social, para lograr el apoyo del congreso a los proyectos de Ley y las constantes investigaciones y sanciones de funcionarios y ex funcionarios del Estado, son algunos ejemplos que afectan la legitimidad de las decisiones asumidas por el gobierno con las disidencias de las FARC y que deterioran el ambiente para garantizar el respaldo ciudadano a la negociación. 

La corrupción es uno de los factores que contribuyen a reactivar la violencia armada en territorios de post conflicto. En un contexto de negociación y postconflicto, la relación entre corrupción, pobreza y la inequitativa distribución de los recursos públicos, es relevante para definir las causas que desencadenan la violencia.  La implementación de un acuerdo de paz requiere la inyección de nuevos recursos en regiones pobres, apartadas y poco desarrolladas, donde las instituciones son débiles y el riesgo de apropiación de los recursos públicos para fines personales es alto.  Ya lo vimos con los recursos de los OCAD PAZ (Recursos de regalías) que debían ser destinados a la implementación de proyectos regionales y que hoy están en la mira por su desvío hacia los bolsillos de algún político y contratista de región.  

Los gobiernos que han experimentado conflicto armado son particularmente vulnerables a la corrupción. En el caso colombiano, los narcotraficantes, contrabandistas, bandas criminales asociadas a trata de personas y minería ilegal o carteles de corrupción conformados por políticos, contratistas y empresarios, son actores que buscan apropiarse de los recursos del postconflicto que son destinados a brindar los servicios públicos básicos y oportunidades económicas para los más pobres. Las investigaciones actuales sobre malos manejos de los recursos de regalías para el post conflicto, son temas que afectan la negociación del presidente Gustavo Petro, en especial por la ausencia de un debate sobre el uso transparente de los recursos de la Paz y el riesgo y amenazas que asumen los denunciantes de corrupción.  

Construir un ambiente de confianza en el proceso de “Paz Total “requiere posicionar la lucha contra la corrupción en la agenda de negociación y la agenda pública de los gobernantes territoriales.  Infortunadamente, los recursos públicos locales han sido cooptados por grupos ilegales – financiando candidatos en elecciones locales-, lo que dificulta la agenda anticorrupción.   ¿Estará dispuesta la dirigencia regional y los grupos ilegales a renunciar al cartel de la corrupción para avanzar en un Estado más equitativo? Lo cierto es que la lucha contra la corrupción es un tema ausente en la agenda de Paz Total. 

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