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jueves, junio 13, 2024

Nuevo proyecto tributario

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¿Pecar me hace malo?

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Jaime Cortés Díaz

Columnista

Se inicia a partir del 20 de julio la consideración del proyecto de Reforma Tributaria (RT) denominado Inversión Social, que en la práctica no registra incertidumbre para un trámite normal por cuanto ha sido previamente socializado y discutido con sectores de la economía, la academia, la banca, la política, gobernadores, alcaldes, movimientos actuales de la protesta. Busca apremiante recaudar 15.2 billones de pesos para poder satisfacer aspectos propios que ya están marchando, más los convenidos en diálogos como el apoyo al empleo formal mediante incentivos y subsidios que estimulen la vinculación de jóvenes y mujeres al mundo laboral, auxilios solidarios para personas y familias vulnerables, la Matrícula Cero para estratos 1, 2 y 3. Lo anterior sin que se toquen fuentes provenientes del IVA de la canasta familiar, pensiones, servicios públicos, patrimonio, salariales de la clase media y otros que afecten la renta de particulares, todo con el objetivo central de beneficiar a 16,6 millones de habitantes y servir de motor actuante de la reapertura y lograr reducir niveles de pobreza en más de 4 millones de personas.

La RT se encuentra lejos en referencia a entradas para cubrir el déficit de las cuentas estatales, del regreso a las fronteras de la Regla Fiscal y no servirá de mucho frente a la baja de puntos por parte de las calificadoras internacionales de Riesgo. Definitivamente se aplaza para el siguiente gobierno, lo cual quiere decir que a la loma le queda dolorosa pendiente por solventar. De ahí la urgencia de extender los espacios productivos que generen riqueza incluyente, empleabilidad y pago sostenible de los apoyos solidarios, varios de los cuales son asistenciales que deben ser a término definido, diferente al educativo (Matrícula Cero) que requiere permanencia por la importancia de fundamentar saberes y competencias para el avance de la ciencia, cambios  en  los actuales modelos de desarrollo, formalización laboral, expansión nacional e internacional de los mercados, innovación, y acortar distancias en la pirámide de posibilidades. En otras palabras, crear condiciones de oportunidades al alcance de los sueños.

Las correntías de los ingresos provendrán en el 60 por ciento del sector privado, en el que se incluye un incremento en la tarifa de renta del 30 al 35 por ciento de manera constante, y dada la situación de obtener recursos para el equilibrio social, el empresariado colombiano y sus gremios la han aceptado con sentido patriótico, a pesar de que la reforma del 2019 la había fijado ya en ese porcentaje del 30. El aumento de tres puntos a la sobretasa de los bancos va temporalmente hasta el 2025, (aunque en Colombia se vuelve indefinida). La reducción de un 50% que permite descontar el ICA del impuesto de renta de las empresas, representa casi 4 billones de pesos.

Por parte del Gobierno se aporta el compromiso de aplanar el gasto, mínimo en 1,9 billones, lo que significa no aumentar la burocracia, no adquirir bienes inmuebles y perseguir la evasión para captar 2,7 billones por ese concepto; la creación de la factura fiscal para los evasores cuyos datos la Dian los obtiene tecnológicamente, la venta de distintos activos innecesarios y dos confiscados. Se incluye la Normalización tributaria (“amnistía”) de connacionales en el exterior y sigue la aplicación de tres días sin IVA, que algunos critican. Se espera que el adelgazamiento del Estado se dé. Existen 16 ministerios con demasiados viceministerios (algunos con tres), departamentos administrativos, consejerías y direcciones presidenciales a montones, superintendencias, institutos, agencias, contralorías departamentales y municipales sin ninguna efectividad. Se prevé crecimiento en la ineficaz Justicia en reciente reforma que se suma a recientes ampliaciones de la Contraloría General con 1.500 plazas, la Procuraduría 500, la Registraduría 500, lo mismo la Defensoría del Pueblo, que entre todas no muestran verdaderas hazañas en sus funciones, llegándose incluso a proponer  la liquidación de una. (Pero pululan por doquier, indemnes, los elefantes blancos). Y, ¿de la lucha contra la corrupción que se embolsilla 50 billones al año, qué?

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