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jueves, abril 25, 2024

Movilidad: videos grabados por ciudadanos “no son prueba válida”.

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Hay bastante eco de la directriz acerca de que los videos grabados o registrados por ciudadanos en cualquier dispositivo móvil, podrán utilizarse como pruebas válidas para la imposición de multas por infracciones de tránsito. El anunció generó todo tipo de reacciones en los sectores del transporte y los grupos de movilidad que señalan se están confundiendo las funciones de la autoridad con las condiciones del ciudadano, sin contar la vulnerabilidad de la cadena de custodia de cara a procesos sancionatorios o penales.

Son legítimas sus preocupaciones. En efecto, la medida emanada del Ministerio de Transporte pasa por alto que ese tipo de controles en lo atinente a la aplicación de las normas, corresponde a las autoridades de tránsito y no a los ciudadanos del común. De hecho, el doctor Carlos Andrés Echeverry ilustró en sus redes sociales (IG: cecheverry1), que varias normas, entre esas la Ley 769 de 2002 y la 1843 de 2017, incluyen aspectos tales como: “las ayudas tecnológicas como cámaras de video (…) serán válidos como prueba de ocurrencia de una infracción de tránsito y por lo tanto darán lugar a la imposición de un comparendo”. Se denominan “sistemas automáticos y semiautomáticos y otros medios tecnológicos a todas las ayudas tecnológicas como cámaras de vídeo y equipos electrónicos de lectura”. Y uno muy importante: “la ley ordena al Ministerio de Transporte y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial reglamentar esos sistemas automáticos, semiautomáticos y otras ayudas tecnológicas como cámaras de video.”

De lo anterior se desprende, como explica el profesor: “esa reglamentación se hizo mediante Resolución 718 de 2018, y en el acto administrativo no se menciona, dentro de esas ayudas tecnológicas, las que puedan obtener los ciudadanos en sus dispositivos móviles o en cámaras instaladas en sus vehículos. Si se revisa el artículo 3 de la resolución, vemos una definición de “control en vía apoyado por dispositivos móviles”, que se entiende como un «procedimiento realizado de manera directa por un agente de tránsito presente y visible en el sitio del evento, apoyado por dispositivo (s) electrónico (s) que opera manualmente para registrar la evidencia de la presunta infracción de tránsito (…)», en otras palabras, ese control con dispositivos móviles solo puede ser realizado por un agente de tránsito, de hecho, en el ámbito de aplicación de la norma -quiénes la deben cumplir- son las autoridades de tránsito y no nosotros, los ciudadanos del común.

En resumen, ni la plataforma para cargar videos que menciona el Ministerio de Transporte, ni los videos obtenidos por las personas con sus cámaras, se encuentran reglamentados, argumento suficiente para descartarlos como prueba válida en el proceso sancionatorio de transporte.”.

Suena la campana entonces para que los alcaldes revisen a profundidad el tema. El afán por hacer anuncios en la idea de reforzar el dicho de que “escoba nueva barre bien”, además de operar sobre una condición limitada, puede dar pie a demandas ciudadanas.

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