Walter Benavides Antia
Las grietas que hoy cruzan los muros de bahareque y madera en el centro y los barrios fundacionales de Pereira no solo revelan la fuerza del sismo; exponen también la fragilidad institucional de la memoria urbana. A siete semanas del evento telúrico, el polvo de los primeros derrumbes comienza a despejarse, dejando al descubierto una amenaza más silenciosa y definitiva: el hacha del olvido, impulsada por la prisa y la especulación.
El peligro latente radica en la instrumentalización de la figura de “calamidad pública” y la declaratoria de riesgo inminente. Amparados en la urgencia legítima de proteger vidas humanas, diversos sectores comienzan a promover la demolición exprés de inmuebles con declaratoria de conservación arquitectónica. Sin embargo, como advierten historiadores y académicos de la ciudad, este mecanismo corre el riesgo de convertirse en un atajo legal para resolver disputas de suelo que llevaban décadas estancadas.
La arquitectura tradicional de bahareque —un sistema constructivo flexible, sismorresistente por naturaleza y adaptado durante más de un siglo a la geografía andina— suele presentar fisuras alarmantes a la vista que no siempre comprometen su integridad estructural, pero que sirven como pretexto ideal para declarar la pérdida total.
Frente a esta coyuntura, las curadurías urbanas se encuentran en el epicentro de una enorme tensión. Presionadas por solicitudes de demolición que se tramitan con celeridad bajo el argumento de la emergencia, estas entidades enfrentan el desafío de no ceder ante intereses inmobiliarios que ven en las manzanas históricas lotes de engorde listos para la densificación vertical. Si bien la normativa nacional exige conceptos técnicos especializados para autorizar intervenciones en predios protegidos, los vacíos de inspección y la sobrecarga administrativa facilitan que dictámenes superficiales condenen a muerte casas que podrían salvarse mediante técnicas tradicionales de carpintería y reforzamiento estructural.
Por su parte, colectivos ciudadanos y defensores del patrimonio han levantado la voz para exigir peritajes independientes. Argumentan que derribar el bahareque fundacional bajo el pánico postdesastre equivale a borrar la identidad colectiva de Pereira para dar paso a una rentabilidad de corto plazo. Salvar estas estructuras requiere voluntad política, subsidios estatales para propietarios y la articulación de expertos en restauración vernácula, antes de que las máquinas arrasen con lo que el sismo apenas dañó.
Pereira enfrenta así una encrucijada definitiva. Si la calamidad se gestiona únicamente desde la demolición y el cemento fresco, la ciudad terminará de desterrar su pasado cafetero y comercial; si por el contrario, apuesta por el rescate técnico de sus casonas, demostrará que la resiliencia urbana no consiste en destruir la historia para reconstruir desde cero, sino en curar las heridas de la memoria viva.
@walterbenavidesantia7484
