Rodrigo Ocampo Ossa
Del terremoto de 1999 quedaron valiosas experiencias como El FOREC creado por el gobierno de Andrés Pastrana y VIDA Y FUTURO, entidad sin ánimo de lucro creada por la Cámara de Comercio y Comfamiliar, a los cuales debimos la rápida reconstrucción del Eje Cafetero. A poco tiempo, en 2.010 se expidió la actualización del código NSR que contiene las normas para el diseño de estructuras sismo resistentes acogiendo los avances de la técnica, y en 2.012, el congreso expidió la ley 1523 por la cual se adoptó la política nacional de gestión del riesgo de desastres qué desde entonces ha sido el mecanismo para prevenir y administrar las situaciones sobrevinientes por hechos de la naturaleza. La experiencia acumulada y las institucionalización de la respuesta ante los desastres naturales han facilitado desde entonces la preservación de miles de vidas y bienes, pues aun cuando no se pueden evitar algunos hechos, si pueden mitigarse sus consecuencias. Por supuesto las reglas no sirven para nada si las personas encargadas de aplicarlas omiten sus deberes o lo que es peor, dilapidan o roban los recursos destinados a paliar el daño como ocurrió con los recursos destinados a atender la escasez de agua en la Guajira. El principio de la atención de los desastres, según la ley, se centra en la solidaridad y participación coordinada de las instituciones, la ciudadanía y el Estado bajo la dirección de las autoridades establecidas. No hay que inventar procedimientos, prácticamente todo está previsto; flexibilización de normas, destinación y fuente de recursos. Esta última tragedia pudo ser peor si no hubiéramos tenido la organización de las instituciones, un gobierno sensato y el coraje de nuestra gente. A todos ellos muchas gracias.
