Rodrigo Ocampo Ossa
Con el paso de los días la evaluación sistemática de los daños causados por el terremoto nos muestra un panorama mucho más complejo del que suponíamos. En primer lugar, porque la reconstrucción ha quedado condicionada por el descubrimiento de zonas con alta vulnerabilidad que solamente podrán intervenirse cuando los estudios técnicos permitan definir los usos compatibles con el riesgo evidenciado, como es el caso del sector de la quebrada Egoyá. Ese será un proceso largo y muy costoso pues ya no se trata solo de las pérdidas de los edificios sino de la reconfiguración patrimonial de los terrenos. En segundo lugar, porque se hizo evidente que la ciudad tiene muchas zonas construidas irregularmente a lo largo de años de complacencia con los invasores, valga mencionar sectores de Consota y la carrilera, que además de vulnerables son urbanísticamente deficientes lo que complica su adecuación y desarrollo. Y en tercer lugar, aun cuando no es lo último, porque los procedimientos burocráticos para tomar las decisiones se han complicado de manera extrema. Antes un proceso de licenciamiento no tardaba más de un año. Hoy ningún constructor organizado es capaz de obtenerlo antes de treinta meses, pues los trámites incluyen una variedad de entidades que van desde la Carder hasta Planeación, y se estancan en el caótico sistema de Catastro. Dadas estas dificultades es urgente que el Alcalde y el Concejo Municipal utilicen las facultades que acaba de otorgar el Gobierno a través de las medidas de emergencia, con el fin de habilitar tierras urbanizables, actualizar el plan de ordenamiento y, hasta donde lo permita la feroz burocracia, simplifique los trámites administrativos que encarecen y demoran injustificadamente la reconstrucción .
