Jaime Cortés Díaz
El cuatrienio de Gustavo Petro inició con una narrativa ambiciosa y sugestiva: la superación del llamado “subcapitalismo” colombiano para transitar hacia un modelo ampliamente productivo, capaz de generar riqueza con participación social, impulsar el empleo, fortalecer la sostenibilidad y cerrar brechas de inequidad. Bajo ese ideario se estructuró el concepto de “El Cambio”, concebido como una transformación integral del Estado y de la economía.
En esta fase, el presidente convocó un gobierno de unidad nacional, integrando figuras de trayectoria, experiencia técnica y reconocimiento político en ministerios y otros. Aquella arquitectura buscaba garantizar gobernabilidad, confianza institucional y un tránsito ordenado hacia las reformas prometidas. Sin embargo, esa posibilidad de concertación tuvo una vida efímera, apenas siete meses bastaron para que se fracturara, dando paso a una recomposición más ideologizada del gabinete y a una conducción menos dialogante.
Diversos analistas han intentado explicar este viraje. Resulta particularmente reveladora la interpretación de Cecilia López Montaño, quien atribuye esa ruptura a lo que denomina “fantasmas” surgidos de una mezcla de convicciones ideológicas y una visión personalista del poder. Según su apreciación, la inclinación del mandatario a encarnar la “imaginación del pueblo” termina por afectar su objetividad y levanta barreras en el ejercicio efectivo del Gobierno.
Esa caracterización se refleja en una retórica recurrente, cargada de confrontación, en la que se construye una suerte de nueva narrativa política presentada como alternativa académica, pero que con frecuencia deriva en desvaríos discursivos y en pugnas institucionales. En ese marco se inscriben los choques con el Banco de la República, entidad que, pese a los cuestionamientos presidenciales, mantiene su papel técnico dentro del orden económico.
Un punto central de esta dinámica fantasmal es la interpretación del neoliberalismo, asumido no como escuela de pensamiento sino como un adversario estructural al que se atribuyen los rezagos sociales del país. Esta lectura, según críticos, simplifica el debate y alimenta decisiones que no siempre dialogan con la complejidad de la economía global.
En el terreno de las políticas públicas, uno de los ejemplos más visibles ha sido el incremento significativo del salario mínimo, medida que para el Gobierno representa un acto de justicia social, pero que para diversos sectores económicos se adopta sin suficiente consideración de las variables macroeconómicas y del contexto internacional. Este pulso entre intención redistributiva y sostenibilidad fiscal ha sido una constante del mandato. No obstante, sería incompleto desconocer que una porción importante de la población, cercana, según estimaciones, al 40%, respalda estas decisiones y mantiene una adhesión sólida al proyecto político. Para este sector, las dificultades del Gobierno no obedecen a errores propios, sino a obstáculos impuestos por estructuras tradicionales que resisten el cambio.
Así, el liderazgo de Petro se configura como una expresión dual, por un lado, una personalidad cambiante y en ocasiones difusa en su orientación estratégica; por otro, una figura con capacidad de conexión simbólica con amplios sectores sociales que ven en él la posibilidad de transformación. Esa combinación explica tanto los duelos institucionales como la persistencia de su capital político.
En la etapa final, el discurso ha evolucionado hacia una proyección más ambiciosa; no solo se trata de implementar reformas, sino de replantear el modelo estatal mismo (constituyente). Esta aspiración abre interrogantes sobre su viabilidad, sus alcances y las condiciones políticas necesarias para materializarla.
En síntesis, el gobierno de Petro transita desalineado entre la promesa inicial de un cambio estructural basado en productividad y equidad, y una ejecución marcada por corrupción, rupturas internas, tensiones ideológicas y decisiones controvertidas. El balance final dependerá no solo de los resultados concretos, sino de la capacidad del país para procesar, socialmente, una propuesta de transformación que, más allá de aciertos o errores, centre el debate nacional. La niebla se podrá disipar en la próxima elección.
