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miércoles, abril 17, 2024

Ley General de Educación… 30 años después

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Ante la baja, desigual y antediluviana “calidad educativa” que acentuaba inequidades e inicuidades y disminuía la movilidad social, la Ley 115 de 1994, hija prematura de la controvertida Constitución de 1991, forjó la utopía de convertir la educación en un derecho fundamental más que en un servicio esencial. Legitimar reivindicaciones, ampliar oportunidades, entronizar una pedagogía del conflicto en el marco de una cultura de paz, erigir, refundar y fortalecer escenarios democráticos y convivenciales en torno a la escuela, fueron elementos sustanciales de la lucha por mejorar la calidad de nuestra educación. Los tres Planes Decenales diseñados durante estos treinta años (1996–2026), no fueron incorporados en los Planes de Desarrollo gubernamentales y tampoco impactaron la política pública educativa. La Ley General dio un gran salto fallido y al vacío.

La contrarreforma educativa de 1998 logró frenar el alcance de los nuevos paradigmas políticos, culturales y pedagógicos surgidos a finales de siglo. Volvieron a primar criterios administrativos y de eficiencia económica sobre los curriculares. De esta forma, se volvió a debilitar el proceso de acción–reflexión en torno a la educabilidad y enseñabilidad. La Ley General intentó desbrozar el camino, pero faltó voluntad política y diligencia administrativa para recorrerlo. La autonomía escolar en materia pedagógica y curricular, conseguida con denuedo, fue desmontada; el P.E.I. se convirtió en un empolvado mamotreto exhibido en un anaquel de la rectoría del plantel educativo; el directivo docente se jactaba de su nuevo y engañoso rol administrativo; los órganos del gobierno escolar se tornaron en artículos decorativos y piezas raras de bolsillo de algunos rectores autócratas.

Se fue desvaneciendo la autonomía de nuestras instituciones escolares; La comunidad educativa se diluyó entre reclamos y promesas incumplidas; se debilitó la participación de las diferentes instancias educativas; se volvieron sospechosas las actividades de las asociaciones de padres de familia; los manuales de convivencia pasaron a ser prontuarios represivos; la evaluación docente perdió su sentido pedagógico al convertirse en una herramienta de poder, un proceso administrativo–punitivo centralizado en el M.E.N; sobre el maestro se siguieron descargando gravosas responsabilidades que eran, ante todo, institucionales; el estudiante siguió a través del diseño instruccional devorando contenidos fragmentados, descontextualizados, rutinarios e irrelevantes; los años más preciados de la existencia fueron dedicados a aprender trivialidades en lugar de dedicarlos a lo esencial.

Quedaron a la zaga los enfoques conceptualizadores y actitudinales orientados al desarrollo bio–pisico–social de los agentes educativos; el favorecimiento de procesos de pensamiento y adquisición de competencias actualizadas, pertinentes y contextualizadas; el desarrollo del pensamiento analítico, conceptual, crítico, creativo, problémico, resolutivo y comunicacional. Nuestro modelo educativo, en su ceguera situacional, perdió el norte y el sur. En contravía de algunos países de Europa y Asia que han estado a la vanguardia educativa durante décadas, en Colombia no se ha garantizado el derecho a una educación inicial y con calidad durante los tres primeros años, como lo dispuso la Ley General de Educación que buscaba, ante todo, fortalecer las inteligencias intrapersonal, socioafectiva, comunicativa y racio–emocional y conjurar la absurdidad de la repitencia y la deserción…

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