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jueves, abril 25, 2024

Ley de punto final

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La propuesta de crear una ley de cierre o punto final, planteada por exintegrantes de las Farc y por la defensa del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, revive la discusión sobre su conveniencia o no. Buscan quienes la promueven, otorgar amnistías generales para cerrar los procesos penales de los excombatientes o actores del conflicto y así  posibilitar una ruta hacia la verdad y reparación para las víctimas. La propuesta, a más de molestar a las organizaciones de las víctimas, ha agitado el cotarro político, pues personajes como el expresidente Álvaro Uribe han dicho que ese tipo de leyes son inaplicables en el país, proponiendo como alternativa “una amnistía política que no penal, por una sola vez”. La JEP, por su parte, cuestionó la iniciativa aduciendo que la “Institución es sólida, con un blindaje jurídico muy fuerte. Nuestras normas de funcionamiento están en la Constitución y su estabilidad no está en juego”. Para los expertos en la materia y especialmente para las víctimas, es una propuesta sin sustento jurídico que pone en peligro sus derechos a la verdad, reparación y no repetición que, en síntesis, es la razón de ser de la justicia transicional. Para Jairo Acosta Aristizábal, procurador delegado ante la Justicia Especial para la Paz (JEP), lo propuesto por los directivos de las Farc y por Mancuso es “aberrante, por lo que supondría la negación absoluta de todos los derechos de las víctimas”. Leyes de punto final fueron expedidas en Argentina y Chile, al final de las dictaduras, para  amnistiar a miembros del gobierno que cometieron graves abusos de derechos humanos, implicando un perdón generalizado. Nosotros, que hemos vivido en guerra casi permanente desde los inicios de la República, un perdón general podría ser elemento importantísimo para construir la paz, pero se hace necesario por encima del mero enunciado, construir una  paz integral y duradera que nos blinde hacia futuro e impida la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) a la cual estamos sometidos, al haber suscrito la universalidad del Estatuto de Roma, adoptado el 17 de julio de 1998 en La Haya, Holanda, convirtiéndonos en el séptimo país del mundo y el primero de América en hacerlo. El presidente Petro ha tenido como obsesión la llamada paz total, que no es otra cosa que la pretensión de arropar con silencio e impunidad todas las formas de delincuencia, guerrilla, bandas criminales, paramilitares, la cuales no soportarían el menor examen ante la justicia ordinaria,  incluso ante la JEP y muchísimo menos ante el Estatuto de Roma del cual somos signatarios. Por eso, están proponiendo un tribunal de cierre como resultado del “pacto de la picota”. El ministro de Justicia Néstor Osuna ya dijo que el gobierno analizará el tema. Que sí, pero que no, que puede ser, que vamos a ver, en fin, siempre y cuando se llegue a la verdad, se repare a las víctimas y no haya impunidad. ¿Acaso en todos estos años en donde los máximos comandantes de las Farc han venido gozando de los privilegios del Acuerdo firmado en La Habana, han reparado a las víctimas o han contribuido realmente a la verdad del conflicto en aquellos “actos de guerra” según ellos, dónde fueron protagonistas? La ley de punto final propuesta por Timochenco y sus secuaces, generó grave alerta en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la que aseguró que de insistirse en la propuesta,  abriría la puerta a la Corte Penal Internacional (CPI). En esta reciente pelea de los últimos dos meses, los exguerrilleros de las Farc sostienen que la Jurisdicción no está actuando como quedó pactado en el 2016. La JEP ha respondido que a los comparecientes no les corresponde ordenar ni “orientar” como debe funcionar la Justicia Transicional y les hizo clara advertencia: “Quienes se aparten de las decisiones de la JEP e incumplan de manera grave sus compromisos, están sujetos a la pérdida de los beneficios y a la reactivación de las investigaciones, los procedimientos y las sanciones penales impuestas por la justicia ordinaria”. Con un Gobierno dispuesto a las peticiones de los excomandantes de las Farc, desconociendo las leyes y convenios internacionales, las consecuencias serían funestas para el país, máxime, cuando con la creación de la JEP, la CPI levantó el examen preliminar que mantuvo durante 17 años por la incapacidad de nuestras instituciones judiciales de juzgar las violaciones de los derechos humanos durante el conflicto, señalando que la justicia transicional juzgaría todos los delitos. Una ley de punto final, con el ropaje y la arquitectura jurídica que se le quiera construir para disfrazarla, solo tendría como propósito la impunidad.

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