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miércoles, julio 24, 2024

La triste realidad colombiana

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Ya hoy, no nos extraña nada de lo que ocurre o pueda ocurrir. Que “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República Unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”, es el texto del artículo 1° de nuestra Constitución, que en verdad mucho dista de la realidad, pues este “Gobierno del Cambio” se propuso contrariarlo y  songo sorongo lo está logrando sin dificultad alguna. Si fuésemos realmente una República democrática, los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo estarían sujetos a serios y reflexivos debates y no aprobados a las volandas o pupitriados como se dice en el argot congresional, obedeciendo al querer del Gobierno que, a través de la mermelada, compra a los senadores y representantes para lograr su aprobación, como acaba de ocurrir, por ejemplo; con la reforma pensional, la cual, deberá caerse en la Corte Constitucional por la forma atropellada en que desconoció el sistema bicameral existente, en el que debe seguirse el principio de consecutividad que obliga a cumplir con los debates propios de cada cámara para la aprobación de las leyes. Eludir el debate y el mecanismo de conciliación entre lo aprobado por una y otra cámara, simplemente aprobando una proposición que acoge lo aprobado por una de ellas y sin siquiera acompañarla del texto aprobado, anula lo actuado y la hace inexequible o contraria a la Constitución. Si fuésemos realmente una República democrática, los proyectos de ley aprobados debieran reflejar el sentir ciudadano y no ser camisas de fuerza impuestas desde el Ejecutivo con menosprecio del verdadero querer del elector primario. Si fuésemos realmente una República democrática, nuestras entidades territoriales gozarían de una real autonomía en su manejo y no de una dependencia casi absoluta del Gobierno Central en cuanto a su manejo presupuestal, que obliga a sus mandatarios a someterse al capricho de Petro. Si fuésemos realmente una República democrática no estaríamos en manos de los grupos insurgentes que, contrariando la voluntad popular, suplantan a las autoridades locales como lo acaba de hacer en el Caquetá el auto denominado Estado Mayor Central de las Farc, en documento expedido por la estructura Jorge Suárez Briceño, en el que dan a conocer el “manual de convivencia” para controlar territorios de la nación. El documento consta de 6 páginas, en el cual el grupo delincuencial socializa las reglas que deben cumplir los ciudadanos para el “buen vivir”, so pena de ser multados y sancionados. En él, prohíben el desplazamiento de los habitantes por el territorio o por fuera de los lugares de trabajo. En el mismo, informan a sus pobladores que las extorsiones seguirán y el monto económico dependerá de la capacidad adquisitiva de la víctima. El que tenga más, aportará más y el que tenga menos, aportará menos. Les dan empoderamiento a las juntas de acción comunal (Coincidencialmente a las mismas que Petro llama para constituir el poder constituyente), autorizándolas, entre otras medidas, a expedir un carné de control médico a las trabajadoras sexuales, como también el carné comunitario, pues es de obligatorio cumplimiento la carnetización de la población civil, el cual, solo tendrá vigencia de 6 meses. Al llegar un visitante a la comunidad, este deberá ser presentado ante la junta de acción comunal por la familia anfitriona, para proceder a su permiso en el que constará el tiempo de permanencia. Lo triste y lamentable, es que esto mismo se está presentando en Antioquia, Cauca, Nariño, Meta, Arauca, Norte de Santander y Valle del Cauca. Con la declaratoria de patrimonio cultural de la nación del sombrero de Carlos Pizarro, su compañero de acciones criminales en la guerrilla del M-19,  Petro desconoció la Ley 1185 de 2008 (Marzo 12) que en su artículo 8° numeral a) otorga al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural la facultad de declararlas, razón para pensar que mañana por voluntad de este reyezuelo, el gorro frigio de nuestro Escudo Nacional pueda ser reemplazado por esta “gorra” como símbolo de libertad y que dos de las 4 banderas que rodean el blasón, sean cambiadas, una, con la sucia toalla que Tiro Fijo cargaba en el hombro derecho y, la otra, con la pañoleta que bien distinguía al criminal Santrich. A todo esto, la respuesta del Congreso es seguir llenando los bolsillos de sus miembros o satisfaciendo sus requerimientos, aceptando sin discusión alguna lo que el reyezuelo proponga. Triste realidad colombiana.

 

Alberto Zuluaga Trujillo.                                                        Alzutru45@hotmail.com

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