JAMES FONSECA
El terremoto del 10 de agosto cambió para siempre a Risaralda y sus municipios. Las pérdidas humanas y los daños en viviendas, infraestructura pública, instituciones educativas, hospitales, servicios públicos y patrimonio colectivo convierten la reconstrucción en el mayor desafío que enfrenta nuestra región desde el terremoto de 1999.
Será una tarea de muchos años, que comprometerá decisiones trascendentales y cuantiosos recursos. Por eso, desde VIGÍA Cívica consideramos indispensable que la ciudadanía participe y ejerza un control permanente sobre el proceso.
Con ese propósito convocamos y hoy presentamos, la “Veeduría Ciudadana a la Reconstrucción de Risaralda”, concebida como un instrumento independiente, plural, técnico y constructivo de vigilancia sobre los programas, proyectos, inversiones y contratos relacionados con la reconstrucción.
No será una Veeduría de confrontación. Queremos una Veeduría que acompañe, observe, advierta oportunamente los riesgos, formule recomendaciones y contribuya a que las decisiones respondan al interés general y produzcan resultados para las comunidades afectadas.
Su actuación estará encuadrada en las Leyes 850 de 2003 y 1757 de 2015, que reconocen las veedurías como mecanismos de participación democrática y control social. Dentro de ese marco vigilaremos la planeación, la contratación, la ejecución física y financiera de los proyectos, el cumplimiento de sus objetivos y la utilización de los recursos.
Esta Veeduría tiene una particularidad que queremos resaltar: hemos convocado a ciudadanos que participaron directamente en la reconstrucción posterior al terremoto de 1999, algunos con responsabilidades en el FOREC, la “Fundación Vida y Futuro” y el Gobierno Departamental.
Ellos tuvieron que “inventar” buena parte de aquella reconstrucción y, aunque no se trata de repetir hoy lo que se hizo entonces, sino de aprender de los aciertos y dificultades para hacer mejor la reconstrucción que ahora debemos afrontar, reconocemos que estas personas poseen un conocimiento y una experiencia que constituyen un patrimonio para la región.
La Veeduría contará, entre otras entidades, con el apoyo técnico de la “Asociación de Ingenieros de Risaralda (AIR)” y con la colaboración de “Transparencia por Colombia” para el seguimiento de la contratación territorial relacionada con la reconstrucción.
Ya en el campo de acciones concretas, queremos hacer la primera advertencia: Mediante el Decreto 1171 del 11 de agosto de 2026, el Gobierno Nacional declaró la Situación de Desastre de Carácter Nacional, en consecuencia, la reconstrucción debe desarrollarse dentro del marco de la Ley 1523 de 2012, bajo criterios de seguridad y desarrollo sostenible y evitando reproducir las condiciones de riesgo existentes.
Su artículo 61 establece la elaboración, ineludible, de Planes de Acción Específicos para cada recuperación. Por ello hacemos un llamado a la gobernación y a las alcaldías de Risaralda para que avancen rápidamente en su elaboración. No es un simple trámite, serán la hoja de ruta de las reconstrucciones.
Para la elaboración del Plan de Pereira, con la premura requerida, proponemos buscar la asesoría de la “Fundación Universitaria del Área Andina”, aprovechando el conocimiento que esa Institución ha acumulado en el proyecto “Prospectiva Pereira 2054”.
