Por Fabio Castaño Molina
El terremoto del pasado 10 de agosto duró apenas unos instantes, pero sus consecuencias, para miles de familias de Risaralda, podrían prolongarse durante meses e incluso años. La tierra dejó de temblar, pero para muchos damnificados la angustia continúa intacta. Continúa porque todavía hay familias que no saben cuándo podrán regresar a sus viviendas y porque hay comerciantes que perdieron sus negocios, trabajadores que se quedaron sin empleo y empresarios que tienen sus establecimientos paralizados. Y continúa, especialmente, porque las ayudas anunciadas por el Gobierno Nacional no han avanzado con la velocidad que reclama una emergencia de semejante magnitud. El Gobierno anunció en Pereira, el pasado 28 de agosto, que desde el 31 de ese mes comenzarían los auxilios de arrendamiento de 1.050.000 pesos mensuales durante tres meses, dirigidos a las familias previamente censadas e incluidas en el Registro Único de Damnificados. También anunció mejoramientos de vivienda para Risaralda. Pero una cosa es anunciar una ayuda y otra muy distinta es que el dinero llegue efectivamente al bolsillo de quien perdió su techo. Y ahí está precisamente una de las grandes preocupaciones que hoy se escuchan en Pereira y en distintos municipios de Risaralda. Es cierto que la Gobernación y la Alcaldía de Pereira han hecho esfuerzos importantes con recursos propios para atender a comerciantes formales e informales y para enfrentar las necesidades más inmediatas. Pero esos esfuerzos locales, por valiosos que sean, difícilmente pueden soportar solos el peso financiero de una tragedia de esta dimensión. Porque mientras se anuncian decretos, fondos, subsidios y programas de reconstrucción, en las calles de Pereira la realidad tiene otro rostro. A medida que se remueven los escombros, quedan al descubierto las heridas profundas del terremoto. Las aproximadamente 200.000 toneladas de material que se han removido hasta la fecha de las calles de Pereira no son solamente concreto, ladrillos, hierro y polvo. Son también la representación física de una economía que quedó parcialmente destruida. El terremoto también agujereó el tejido empresarial y social de Risaralda. La propuesta del alcalde Mauricio Salazar de generar 5.000 empleos de medio tiempo durante tres meses, con prestaciones sociales, para personas damnificadas, es una iniciativa que merece ser examinada y acompañada. Pero, frente al tamaño de la tragedia, corre el riesgo de convertirse en un alivio temporal si no hace parte de un verdadero programa nacional de recuperación del empleo y de la actividad empresarial. Resulta indispensable pensar en una fórmula similar a la que Colombia utilizó durante la pandemia de 2020: un programa nacional de apoyo a la nómina de las empresas afectadas por el terremoto. Empresas como CO&TEX, Mercamás en Dosquebradas y muchas otras que sufrieron daños en sus instalaciones y tuvieron que reducir o suspender actividades no solamente necesitan reconstruir paredes y techos. Necesitan conservar a sus trabajadores y recuperar su capacidad productiva. La reconstrucción de Risaralda no puede esperar. Ya pasó más de un mes desde aquel 10 de agosto. ¡La tierra dejó de temblar!. Ahora corresponde que tiemble la indiferencia.Y que las ayudas prometidas, finalmente, comiencen a llegar.
