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domingo, abril 21, 2024

La politización de la justicia.

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Alguien escribió que en Colombia la justicia se había politizado y la política judicializado. Cuando ocurre aquello del “yo te elijo, tú me elijes”, la imparcialidad comienza a perder peso, pues es vox populi que altos funcionarios de la rama intrigan de manera permanente ante el ejecutivo para que les nombren a sus recomendados. Y ahí es “troya”, o en palabras concretas la cojera aparece al momento de impartir la tan deseada justicia imparcial, y para nada ciega.

Los altos cargos de la rama judicial han sido utilizados como trampolín político, como lo hicieron los fiscales Viviane Morales y Alfonso Valdivieso, entre otros. De igual forma, desde la Corte Constitucional se puede recordar a José Gregorio Hernández, candidato vicepresidencial y Jaime Araujo, candidato presidencial. También es válido referenciar las actuaciones de Mario Iguarán Arana, Luis Camilo Osorio, Humberto Martínez y el actual Barbosa, los cuales han dejado un legado donde afloran muchas dudas de su accionar en actividades non sanctas y parcializadas, ya sea a favor de grandes emporios económicos, sectores ilegales o afines a su ideario político, en contraprestación por el favor de sus nombramientos.  La politización de la justicia puede de cierta forma ser el primer eslabón de una concentración de poderes del Estado bajo una sola ideología, y también de paso, el camino expedito para un régimen totalitario que se disfraza de democrático.

La palabra escrita en los códigos, ordenanzas, decretos, leyes, prescripciones, recitadas de memoria por los jurisconsultos y redactada por sabiondos llenos de poder y autovanagloriados, vuela con el viento cuando la verdad exige su presencia, producto de una justicia desdibujada en la que poco se confía y más aún cuando la política hace presencia en sus recintos.

La justicia en Colombia y en muchos países ha sido uno de los ejes para diversos proyectos de reformas políticas y constitucionales en especial durante los últimos años. Partiendo de la consideración expuesta sobre el nombramiento de las altas magistraturas el cual inicia por lo general en el sector político, es válido pensar que los contenidos democráticos y de profundo contenido social no sean la prioridad de las reformas, en su lugar aparecen verdaderas y tenebrosas propuestas catapultadas sus nominadores. Sin lugar a duda, Colombia tiene una crisis judicial profunda que no permite que el aparato de justicia satisfaga las demandas de la población y aquí no se hace referencia a la justicia social, término que por demás es ambiguo y poco procedente para nuestro contexto.

El problema de la justicia, uno de los más delicados de los que existen en el país, no es un tema solo de presupuesto. Por ejemplo, un indicador de esa crisis es la impunidad, especialmente con los de cuello blanco o en palabras más explícitas, con los nominadores potenciales llámense pulpos económicos o jefes. Una muestra de lo anterior son las actuaciones del actual fiscal Francisco Barbosa y su par ideológico Margarita Cabello quienes han coadyuvado a que la justicia profundice su politización. Temas como el de Odebrecht, masacres, paramilitarismo, corrupción de cuello blanco, contrabando, presentan un alto grado de impunidad, sus expedientes se “engavetan” y el mutis por el fórum ya no es la excepción para ellos, pero no para el que se roba un gallina. Diferentes estudios muestran que en Colombia la posibilidad de ser condenado es un 80% más alta si usted no tiene recursos para ser representado por un abogado privado.

Harold Salazar A.

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