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viernes, mayo 24, 2024

LA NUEVA CAUCASIA

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“La decisión de la SAE de no proceder con la recuperación del predio se debe a un respeto por las decisiones judiciales vigentes”

Daniel Rojas. Director SAE

Prácticamente en Caucasia ha surgido una sentamiento que bien podríamos asegurar que por sus características de población podría declararse corregimiento del municipio de Caucasia o incluso e un nuevo municipio antioqueño.

La hacienda Santa Elena, ubicada en Caucasia, Antioquia, está siendo afectada por una invasión masiva de aproximadamente 5.000  familias desde hace una mes. La realidad es que es un tremendo lio sin precedentes en Colombia, dado el número heterogéneo de actores involucrados, que amerita un análisis urbanístico, jurídico, social, económico, que concluya a plantear soluciones concertadas que estén a la altura de esta gran infracción urbanística-social.

Por ahora voy a mencionar cinco actores principales: El municipio de Caucasia, la Gobernación de Antioquia, La SAE y la comunidad de 5.000 familias invasoras, y el dueño del predio. El municipio de Caucasia es el dueño de la norma urbanística, es quien debe estar atento a prevenir las invasiones y a través de la inspección de policía debería haber procedido desde el día de la ocupación ilegal a su desalojo, o al menos a no permitir más00 invasores. Hoy son 5.ooo familias, mañana, ¿cuántas?. Además de administrar el territorio, de acuerdo con la Constitución, es el jefe de la policía del municipio, razón por la que no tendría que dejar esta responsabilidad en ninguna otra autoridad territorial o nacional.

El rol de la gobernación de Antioquia, por ser el municipio parte de su territorio es el de apoyarlo en todo lo pertinente para optar por soluciones concertadas, dándole toda la importancia en la búsqueda de soluciones viables y humanitarias, y no buscar solo soluciones de hecho y desalojo que ya son tardías y por fuera de las normas jurídicas. El gobernador de Antioquia, en lugar de continuar pateando la lonchera del gobierno nacional, debe buscar acercamientos de concertación liderando esta problemática urbano-social.  

La SAE por su parte, no puede tomar ninguna decisión respecto a la ocupación del predio por tratarse de un predio cuyo propietario es un particular, hasta tanto jurídicamente se resuelva, si el predio es devuelto a su propietario o si por el contrario el proceso jurídico concluye con un veredicto de expropiación definitiva. En cualquier caso la SAE tiene bajo su administración este predio, razón por la cual debe hacer gestiones de concertación con todos los organismos y demás entidades del Estado, para evitar conflictos violentos que pudieran llegar a presentarse.

La comunidad de estas 5.000 familias, en compañía del SENA y el Ministerio de Vivienda deben propiciar por organizar grupos de juntas de vivienda que faciliten el diálogo y la concertación de soluciones.

El dueño del predio debe entender que a estas alturas el desalojo de su finca es muy difícil. Con su equipo jurídico debe buscar opciones de venta al Estado que coadyuven a lograr soluciones pacíficas, entendiendo que este problema viene gestándose permisivamente desde hace varios años. La única solución es la concertación, y un programa de vivienda masivo de autoconstrucción en lotes con servicios, tal como lo hacía el ICT (Instituto de Crédito Territorial).

 

JAIRO ARANGO GAVIRIA

Mayo 2024

Para estar informado

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