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miércoles, julio 24, 2024

La ley estatutaria de educación era mala desde el principio

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Por: @DuberneyGalvis

La ley estatutaria de educación superior, más allá de los remiendos del Senado al Frankenstein, era mala desde que el gobierno Petro la presentó. Mantiene las políticas de anteriores gobiernos sobre el incremento constante de la cobertura sin descongelar los recursos para tal fin, acrecentando la desfinanciación. Además, replica el incentivo a la demanda mediante la matrícula cero, incluso desconociendo la participación de las universidades privadas en esa línea de la cobertura. Todo esto a sabiendas que el índice de Gini en materia de desigualdad territorial en acceso a la educación superior al cierre del 2015 fue de 65,2% (SNIES/2016). 

Tampoco estimula el carácter científico de la educación como elemento clave para el progreso de las naciones. Al contrario, continúa la orientación de la educación por competencias reforzada con los resultados de aprendizaje (decreto 1330/2019), que estandarizan el conocimiento a partir de proyectos extranjeros los cuales exigen que los niveles de la educación, las áreas de estudio, contenidos y metodologías, sean medidos a partir de los resultados de los estudiantes acordes con la demanda laboral. Todo esto, en la línea del marco Nacional de Cualificaciones para el “reconocimiento de las competencias”.

¿Y la educación terciaria? misma receta en diferente sartén; desde el 2016 fue introducida por las exministras Gina Parody y Clara López, y anunciaron entonces: “La consolidación del Sistema Nacional de Educación Terciaria, el aseguramiento de la calidad, la oferta educativa, la gobernanza y el Marco Nacional de Cualificaciones son los pilares de esta política”.

Un corolario más, el proyecto radicado por la ministra Vergara, “busca ser la Ley Estatutaria de la Educación, la norma rectora de las dos que hoy -por separado- rigen la educación básica, media y no formal (Ley 115 de 1994) y la superior (Ley 30 de 1992). La primera, fruto de la victoria de la movilización del magisterio que entonces impidió el avance de la privatización de la educación escolar y se impuso con la consigna de “ciencia en los contenidos y autonomía en los métodos”, quedó en veremos tras el acuerdo sindical de 2023 entre FECODE y el Ministerio. La segunda ha sido combatida por las luchas universitarias de las últimas décadas y, por el primer borrador conocido, según la propuesta de modificación del artículo 86 respecto a la financiación, plantea solo “ajustes” anuales a la base presupuestal sin resolver la deuda histórica (Periódico Soberanía/2023).

Incluso el gobierno, fiel a la regla fiscal y las normativas del Fondo Monetario Internacional y demás organismos contra los que con acierto marchaba Fecode, aseveró: “no existe una disposición que ordene un gasto adicional”. En ese orden actuó su bancada en la Cámara, promovieron una ponencia inicial nociva con el señuelo de elevar la categoría jurídica de la educación a “derecho fundamental” mientras omiten resolver lo principal en aras de garantizar el derecho: la desfinanciación, que en materia de educación superior asciende a más de $18 billones. En consecuencia, lo mejor es que la reforma se hunda.

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