¿La fundación de la primera dama se rige por régimen privado y no está obligada a rendir cuentas?

Lina María Arango Dávila

“Para el sector privado, la transparencia no debería ser opcional, ni “confidencial” cuando los recursos que recauda vienen de la solidaridad” L.A Mariposa Verde

 

La controversia que rodea a la primera dama, Ana Lucía Pineda y a la Fundación Colombia Luz y Sonrisas no surge porque exista evidencia de un delito o de un desvío de recursos. Surge porque, en una democracia, la confianza pública exige transparencia, especialmente cuando se gestionan donaciones destinadas a víctimas de una tragedia nacional.

 

El 7 de julio de 2026 fue constituida la Fundación Colombia Luz y Sonrisas. Apenas un mes después, el 10 de agosto, el terremoto de magnitud 7,4 sacudió el occidente colombiano, afectando gravemente a Pereira, Risaralda, Caldas, Quindío, Chocó y Valle del Cauca. Los balances oficiales reportan cerca de 500 mil  personas damnificadas, así como 36.478 viviendas destruidas y 206.931 viviendas averiadas Dos meses después, la incertidumbre de los damnificados crece y con personas aun viviendo en refugios temporales, las respuestas de ayudas siguen dispersas en un ambiente de opacidad y desinformación.  El 11 de Agoto la primera dama lanzó la campaña «Colombia, un solo corazón», iniciativa promovida desde el entorno presidencial para canalizar ayudas hacia los damnificados. Diversas publicaciones periodísticas documentaron que entre los canales habilitados para recibir donaciones figuraba la fundación de la primera dama, junto con organizaciones de amplia trayectoria como Minuto de Dios. Asimismo, se informó que la cuenta de la fundación -Cuenta de ahorros Banco de Bogotá #125128462- fue difundida a través de medios públicos y canales institucionales, incluyendo espacios de Radio Nacional, Señal Colombia y otras plataformas estatales. 

 

Y es precisamente aquí donde aparece el problema de percepción pública. Cuando una fundación privada vinculada a la esposa del presidente se convierte en receptora de recursos impulsados desde escenarios oficiales, el estándar de transparencia debe ser superior al ordinario. No basta con afirmar que las ayudas están llegando; es necesario demostrarlo y detallarlo respondiendo preguntas básicas:¿cuánto dinero ingresó?, ¿quiénes realizaron las donaciones?, ¿en qué cuentas fueron consignados los recursos?, ¿qué porcentaje corresponde a aportes nacionales y extranjeros?, ¿cuánto se ha ejecutado y cuánto permanece disponible?  La discusión de fondo no es ideológica; es un asunto de gobernanza. Cualquier organización que administre recursos destinados a víctimas de una emergencia debería publicar, de manera permanente y verificable, un tablero de rendición de cuentas. Esa práctica ya es común en múltiples campañas humanitarias internacionales. 

 

Por ello, la mejor respuesta institucional sería publicar un informe detallado que incluya: el banco utilizado para recaudar los recursos y las cuentas habilitadas; el listado de donantes que autoricen la divulgación de su identidad; el valor de cada donación recibida; el monto total recaudado; los gastos administrativos; las transferencias realizadas; las personas beneficiarias; los contratos suscritos; los proveedores seleccionados; y el saldo disponible para futuros proyectos de reconstrucción. Igualmente, resulta indispensable especificar qué ayudas fueron entregadas en efectivo, qué apoyos se materializaron en bienes o servicios y cuáles son los proyectos que aún se encuentran pendientes de ejecución. La solidaridad ciudadana merece trazabilidad completa. En situaciones de desastre, la confianza es tan importante como los recursos. Y la confianza no se construye con discursos ni campañas publicitarias si no con datos abiertos, auditorías independientes y rendición de cuentas. Si la información existe, publicarla de manera exhaustiva cerraría el debate y si aún no existe un reporte consolidado, producirlo debería ser una prioridad inmediata. 

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