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domingo, junio 16, 2024

La Fiscalía, siete años después

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¿Y quién controla?

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Siete años después de celebrado el contrato No. 2788 de abril de 2027, entre la firma Saludcar Operación Colombia S.A. y el Municipio de Pereira, para la: «adquisición de tres volquetas de 7m3 y un cilindro compactador, como parte del mejoramiento de la capacidad técnica de la maquinaria, equipo y parque automotor del municipio de Pereira»; la Fiscalía General de la Nación ha judicializado al entonces secretario de Infraestructura de Pereira y al representante de la firma contratista, además de otras personas; por los presuntos delitos de: acuerdos restrictivos de la competencia, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, fraude procesal y falsedad en documento privado.

A la empresa contratista la recordamos por la venta de un bus para los adultos mayores del Municipio de Dosquebradas, en 2013, con pliegos que entonces denunciamos como “de sastre”, hecho a su medida.

También han transcurrido casi siete años desde que, desde la Corporación VIGÍA Cívica, públicamente denunciamos que en la subasta inversa que dio origen al contrato 2788 se había configurado una de las “(…) causas que generan rechazo y declaratoria de desierta del proceso”, contenidas en los Pliegos Definitivos, específicamente la que reza: “Cuando el valor de la propuesta exceda el presupuesto oficial determinado por la entidad (…)”. Infracción que el Municipio dejó pasar, a pesar de que fue la oportunidad de comenzar otro proceso contractual, buscando más proponentes.

Esto porque la oferta de la única proponente y luego contratista, tenía $1.619.615.895, IVA incluido, como precio de las tres volquetas y $423.537.422, también con IVA, para el cilindro compactador. Precios que superaban en casi 450 millones los $1.593.153.750 del presupuesto oficial, contenido en los Pliegos.

Sin tener en cuenta los valores de la oferta, el contrato fue adjudicado por $1.593.153.317. Con lo que el Municipio, una vez más, omitió dar aplicación a otra de las causales que de acuerdo con los Pliegos “generan rechazo y declaratoria de desierta del proceso”, la que dice: “LA ENTIDAD no corregirá las operaciones hechas por el proponente; solo las cotejará para corroborar el valor del costo total y de esta comparación, sólo aceptará una discrepancia de cero punto cinco por ciento (0,5 %) por exceso o por defecto, en el total de los precios por error aritmético.”

Ante esto deducimos que la intención del Municipio fue contratar con la única oferente, por encima de cualquier impedimento.

Noticias de prensa indican que la Fiscalía, siete años después, ha encontrado que el precio del contrato que repetimos, es menor al valor de la oferta; supera en 554 millones de pesos el precio del mercado de los cuatro aparatos. Probablemente ese “beneficio” hizo que la contratista aceptará una suma inferior a la de su oferta.

 

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