La constituyente

Sebastián Arango Náder

Hace unos días escuché una entrevista a uno de los promotores de la asamblea nacional constituyente que impulsa el oficialismo. Los argumentos que presentaba para justificar la “actualización”, en sus palabras, de la Constitución de 1991, sorprenden por su vaguedad frente a asuntos tan serios como la estabilidad fiscal del país o los pesos y contrapesos del Estado, entre otros. Sin embargo, el tema sigue ahí: promovido abiertamente por el Gobierno nacional y, de manera más soterrada, por la campaña de su candidato presidencial. Cuesta creer que la promoción de un proyecto de tal trascendencia esté en manos de quienes lo entienden como un instrumento de campaña electoral.

Es evidente que la apuesta por una asamblea nacional constituyente forma parte de la estrategia del oficialismo hacia el futuro. En caso de que su candidato gane las elecciones presidenciales, esperarían contar con el respaldo del gobierno entrante para impulsar el proyecto. Tendrían, además, acceso a plataformas institucionales desde las cuales reforzar “el relato”, como suelen llamarlo, sobre la necesidad de “actualizar” la Constitución de 1991. Y, si pasan a la oposición, ya tienen listo el libreto y la “causa” para mantener movilizadas sus bases y entorpecer la acción del nuevo gobierno. De perder las elecciones, no sería extraño ver al oficialismo en las calles promoviendo la convocatoria de una constituyente. Se trata, en suma, de una estrategia diseñada para operar en cualquiera de los escenarios, presentada hoy como una “simple actualización” constitucional.

Más sorprendente aún es que algunas personas que se consideran moderadas o del centro político acepten los argumentos que buscan posicionar los promotores de la asamblea. Por ejemplo, que esta se limitaría a dos o tres temas, sin afectar el resto de la Constitución. En la práctica, una vez convocada, los temas a estudiar y modificar pueden desbordar los inicialmente planteados. Y si lo que se pretende es reformar aspectos puntuales, el ordenamiento vigente ya contempla mecanismos para hacerlo sin recurrir a una nueva constituyente, aunque ello exige niveles de deliberación y acuerdo político que no parecen caracterizar a la corriente que hoy gobierna.

En cuanto a la supuesta necesidad de “actualizar” el contenido constitucional, los promotores del proyecto parecen pasar por alto que Colombia cuenta con una de las constituciones más garantistas del continente, que además ha sido reformada en múltiples ocasiones para desarrollar el Estado social de derecho que consagra. Es cierto que persisten vacíos y desafíos. Pero la solución no radica en redactar una nueva Constitución, como si en el papel pudiera resolverse todo. Lo que se requiere son reglas claras, una ejecución eficaz de las políticas públicas y la construcción de consensos que permitan avanzar hacia una sociedad más justa y próspera.