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domingo, mayo 19, 2024

INFORME DE ONU SOBRE DERECHOS HUMANOS

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En el año 2023, se denotaron 105 homicidios siendo los departamentos más afectados Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Putumayo, Norte de Santander y Arauca. Esta es la foto de escenario más grave, la que coloca a Colombia con el mayor número de defensores a los que les han quitado la vida, aspecto que constituye una gran vergüenza mundial con incrementos de masacres y reclutamiento forzado de niños por acción de las distintas bandas ilegales para incorporarlos a su devenir delictual. Además, en la violencia basada en género, hubo 53 hechos verificados, algunos se ejecutaron con fines de explotación sexual de niñas por grupos ilegales que las transportan a sus guaridas o campamentos. Esto hace más dolorosa la vida de campesinos y de otros estamentos que ven manchado su honor y la ausencia de humanidad.

Existe una oficina denominada Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de N.U. que indica el desplazamiento de 62,967 individuos, mientras 87,646 fueron confinados. Indígenas y afrodescendientes resultaron las etnias más afectadas.

El informe al referirse a privaciones arbitrarias de la vida por ocurrencia de miembros de la fuerza pública dice que se recibieron 37 denuncias para hacer investigadas por el Ministerio de Defensa.

De los 105 líderes sociales y defensores de D.H. que perecieron, 87 eran hombres y 14 mujeres. Las masacres revelan 98, en su gran mayoría imputadas a grupos al margen de la ley. El apoderamiento de tierras, la fabricación, distribución de estupefacientes y el dominio a organizaciones comunitarias, son los motores de la debacle que pone en duda la capacidad estatal de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Hay que tener en cuenta que desde hace tiempo esto ocurre así, aunque la expansión de las estructuras armadas anormales despliega su malévolo cometido en 28 de los 31 departamentos y 200 municipios en 2023, según el informe, aumentó y asimismo indica que Tame es un riesgo para la gobernabilidad del Estado.

La población NASA en Nariño y otras se ven cercadas a la destrucción de sus líderes y se afecta la libertad de comunicación. Los violentos quieren absorber las juntas comunales y plenos similares para desde allí determinar los comandos de la guerra, su dominio y ejercer con ánimo de señores y dueños el sometimiento de la gente y la disposición de sus bienes.

Los conglomerados se usan para presionar y provocar a las fuerzas legítimas con miras a sacarlas de las respectivas zonas, lo que da una sensación derrotista y de incapacidad de no tener quien contenga el despojo, quien dé protección. El amor patrio se desvanece no exento de razón. Es más, los causantes del daño fungen de políticos por aquello del tratamiento judicial (lo dice N.U.) y para mimetizar su violencia, pero son causantes del 74% de asesinatos.

La Oficina del Comisionado recalca que el Estado es el garante y responsable de los D.H. de la población y advierte que los diálogos territoriales deben estar presididos por la autoridad legítima, y seguir adelantando la macroinvestigación de los crímenes comentados.

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