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martes, abril 16, 2024

En vilo nuestro Estado de Derecho

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La crisis política desatada por el presidente Petro, al desconocer las decisiones de la Procuraduría, generando inquietudes sobre el poder de las instituciones encargadas de mantener el equilibrio y la justicia en la sociedad colombiana, y la burla protagonizada por el excanciller Leyva, erosionan los principios fundamentales que soportan la estructura democrática del país. Y qué no decir de la agresión del 8 de febrero, buscando presionar a la Corte Suprema de Justicia para la elección del Fiscal General de la Nación, confinando por más de cuatro horas a los magistrados en sus despachos e impidiendo la entrada y salida de empleados y funcionarios judiciales,  reeditando en parte los horrorosos hechos acaecidos hace 39 años, cuando el 6 de noviembre de 1985, la guerrilla del M-19 se tomó el Palacio de Justicia, igual que ahora, obedeciendo al llamado irresponsable y criminal de un miembro de esa organización, hoy, inexplicablemente en funciones de Presidente Constitucional, cuando debiera estar bajo rejas, purgando la incineración de las conciencias jurídicas del país. Lavarse las manos como siempre lo ha hecho diciendo que fueron infiltrados, es una cobardía. Sostener que respeta la justicia es una gran mentira, al intimidarla a través de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) y los funcionarios del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), quienes ondeando banderas del M-19 trataron de derribar las puertas de acceso al edificio. ¿Qué hubiese pasado de haber colapsado las rejas? Nada difícil suponer lo sucedido. Desmentido por el presidente de la Corte Gerson Chaverra, al decir que solo por 10 segundos fueron encerrados, el presidente del alto tribunal señaló: “Es inaceptable que se llegue a sitiar a jueces cuya independencia, autonomía e imparcialidad debe ser impulsada y promovida, tanto por la sociedad como por los poderes públicos del Estado. La democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente decisiones de la justicia”. Y no es para menos. El Estado de Derecho se cimenta en la autonomía e independencia del poder judicial y por sobre todo, en el respeto a la separación de los poderes. La hábil estrategia de hacerse la víctima, le ha valido a Petro réditos importantes como el de lograr algo impensado al poner de su lado a la Organización de Estados Americanos (OEA) quien, a través de Luis Almagro, le dio pleno respaldo a su denuncia sobre la “ruptura institucional”, avalando igualmente la tesis de que sectores de la ultraderecha quieren tumbarlo. ¿De qué lado está la OEA? Encomiable y clara fue la carta enviada al Secretario General por parte del senador Humberto de La Calle. La presión política, moral y física a la Corte es inaceptable. Como impresentable es, que ninguna de las ternadas por Petro haya condenado tamaño despropósito. Con reprochable silencio, desnudaron su cercanía con el nominador. Dos días después de los lamentables hechos, el sábado 10 de febrero, los expresidentes que pertenecen al grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo Idea), entregaron un comunicado rechazando los graves ataques, en documento firmado por 24 exjefes de Estado y de Gobierno, entre los cuales mencionamos a José María Aznar, Felipe Calderón, Vicente Fox, Mauricio Macri, Oscar Arias y Eduardo Frei entre otros. Con el desacato a  decisiones institucionales como el de la Procuraduría, y el llamado al asedio a la Corte Suprema de Justicia,  la situación política en el país está llegando a límites extremadamente preocupantes por el alto riesgo que corre la democracia, al socavarse la confianza del ciudadano en el gobierno, debiéndose gestar un hecho que reafirme la supremacía de la Constitución y demuestre, que ningún funcionario, por más encumbrado que sea su cargo, está por encima de las normas que rigen la convivencia democrática. No contento con todo lo causado, dos días después, el 11 de febrero, Petro volvió a presionar a la Corte con un comunicado en su cuenta de X, acusándola de politización y  llamando de nuevo a la calle para presionar la elección de Fiscal,  escribiendo: “Este Gobierno ha presentado una terna de mujeres decentes y capaces de acabar con la impunidad. No hay razón alguna para no elegir entre ellas. Sé del terremoto causado a la Corte por tener ante sí una terna de mujeres decentes”. Sus palabras, son bofetadas a la justicia. Debe entender que es el Presidente de todos los colombianos y no el patán y criminal, que pese a una generosa ley de paz firmada entre el Estado Colombiano y la guerrilla del M-19, se le permitió hacer política sin pedir perdón, ni reconocer sus crímenes.

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