Lina Arango
El gobierno que termina, gobierno del “Cambio” era el llamado a enfrentar las malas prácticas políticas y de gestión que se normalizaron durante décadas. Era el gobierno que prometió desmontar los abusos del sistema de peajes, acabar los privilegios del Congreso y combatir la corrupción sin contemplaciones. Cuatro años después, el balance es claro: las estructuras de poder sobrevivieron intactas y en algunos casos, se fortalecieron. El sistema de peajes, que Petro presentó como uno de los símbolos del abuso histórico contra la ciudadanía, terminó siendo intocable. Los anuncios rimbombantes en medios nunca pasaron de tarifas diferenciales que ya existían desde gobiernos pasados. No hubo reforma estructural, no se revisaron los contratos históricos, no se tocaron los modelos financieros, no se desmontaron los peajes injustos de INVÍAS y no se enfrentó la captura del Estdo y el Congreso por parte de los negociantes de peajes y qie permiten que el marco legal los proteja sin control. La caja negra del sistema peajes sigue cerrada y el gobierno que prometió abrirla terminó administrándola.
A esto se suma un fenómeno que debilitó la fuerza de las movilizaciones ciudadanas: la descalificación ideológica. Muchos liderazgos independientes fueron atacados no por sus argumentos, sino porque no apoyaban a los políticos afines a ciertos sectores. La ciudadanía que se movilizó por causas legítimas —como “No Más Abuso de peajes” terminó enfrentando no solo al Estado y a los concesionarios, sino también a grupos que, desde su sesgo político, decidieron deslegitimar cualquier voz que no orbitara alrededor del gobierno. Esa polarización debilitó la presión social y fracturó luchas que deberían ser transversales.
En el tema de privilegios del Congreso, el balance es igual de decepcionante. El referendo antiprivilegios, una de las únicas movilizaciones ciudadanas de los últimos años, no recibió apoyo real del gobierno, ni de quienes deberían ser sus aliados naturales (Congresistas que en el pasado movilizaron la Consulta Anticorrupción etc). Se dijo que se respaldaba, pero nunca se acompañó políticamente, nunca se presionó al Congreso y nunca se asumió como una prioridad. Peor aún, el decreto que eliminaba la prima de servicios de los congresistas —18 millones de pesos mensuales— se cayó sin defensa real del Ejecutivo, algo muy evidente con esta y otras causas (Decir que están en contra de los abusos, pero hacer el mínimo esfuerzo para pararlos). Un gobierno que prometió acabar los privilegios terminó protegiéndolos por omisión. La ciudadanía avanzó, pero el sistema político retrocedió, y los privilegios sobrevivieron intactos.
En materia de corrupción, la promesa de combatirla sin contemplaciones se diluyó entre escándalos internos, disputas entre entidades y silencios selectivos. No se desmontaron las redes de corrupción: solo se cambiaron los actores. Casos recientes como el de Juliana Guerrero mostraron que el discurso anticorrupción tenía un sesgo evidente: la corrupción solo era condenada cuando no venía de sectores petristas. Cuando los escándalos tocaron al círculo cercano del gobierno, la reacción fue tardía, defensiva o inexistente. La corrupción no se combatió: se administró.
