Lina María Arango D
El nombramiento de Elsa Noguera como ministra de Transporte llega en un momento en el que la crisis de legitimidad del sistema de concesiones viales y de peajes no puede ocultarse. La ciudadanía exige transparencia, trazabilidad y control real sobre contratos que durante años han operado como una caja negra.
El sector transporte es uno de los más expuestos a captura institucional. Allí confluyen concesionarios, bancos, aseguradoras, constructoras, gremios y operadores con enorme poder económico. Durante décadas, estos actores han moldeado un sistema donde los riesgos se trasladan al usuario y las ganancias se concentran en pocos. Los peajes se han convertido en un impuesto privado sin suficiente control público y los contratos de concesión en estructuras blindadas por otrosí que se firman sin debate ciudadano.
En este contexto, la trayectoria de Noguera importa. No llega desde un sector independiente ni renovador: llega desde clanes políticos tradicionales del Caribe, estructuras que han sido cuestionadas por sobrecostos, concentración de contratos, relaciones privilegiadas con grandes contratistas y prácticas que han favorecido redes de poder locales. Su modelo de gestión en Barranquilla y el Atlántico estuvo marcado por grandes obras y alianzas público-privadas, pero también por señalamientos sobre opacidad, discrecionalidad y baja rendición de cuentas. Lejos de representar a “los nunca”, Noguera representa a los de siempre.
El Ministerio de Transporte necesita justamente lo contrario: una agenda anticorrupción robusta. El país requiere revisar los contratos históricos, transparentar los otrosí, auditar las tarifas, publicar los modelos financieros y garantizar que las decisiones técnicas no se tomen en mesas cerradas. La ciudadanía ya no acepta peajes sin explicación, concesiones sin control ni ampliaciones de plazo justificadas con estudios que nadie conoce. La pregunta es si la nueva ministra está dispuesta a enfrentar los intereses que han capturado el sector. Porque este no es un problema técnico: es político. Revisar contratos implica tocar intereses, transparentar tarifas implica cuestionar modelos financieros, auditar otrosí implica abrir expedientes que han permanecido ocultos y garantizar participación ciudadana implica redistribuir poder.
La lucha “No Más Abuso de Peajes” ha demostrado que la ciudadanía puede romper silencios históricos. Hoy sabemos que muchos contratos viales se han modificado sin control, que las tarifas no siempre corresponden a la calidad del servicio, que los estudios de tráfico han sido usados para justificar incrementos y que los otrosí han alterado condiciones esenciales sin debate público. Por eso, la llegada de Noguera no debe leerse con ingenuidad. Es una señal de alerta y, al mismo tiempo, una oportunidad. Si decide abrir la caja negra del sector, su gestión podría marcar un punto de inflexión. Si opta por proteger el statu quo, la ciudadanía deberá fortalecer su vigilancia y su exigencia.
