Fabio Castaño Molina
Ante la protesta masiva que se hizo manifiesta a través de las redes sociales por parte de los moteros que amenazaron con bloquear las vías de la ciudad el pasado martes, la Alcaldía de Pereira finalmente decidió no implementar la medida de prohibición del parrillero hombre mayor de 14 años. Aunque la restricción se había anunciado inicialmente para entrar en vigor el pasado 15 de julio, la administración reversó la decisión tras evaluar su impacto en la ciudadanía. En lugar de restringir la movilidad de los motociclistas, la Alcaldía optó por reforzar los operativos de vigilancia y los controles conjuntos entre la Policía, el Ejército y el Instituto de Movilidad. Vale la pena anotar que la decisión, impulsada por el alcalde Mauricio Salazar, ha despertado un intenso debate entre quienes consideran que se trata de una acción necesaria para proteger a los ciudadanos y quienes la califican como una medida que termina castigando a miles de motociclistas que nada tienen que ver con la criminalidad. Lo cierto es que el problema existe y no puede seguir ignorándose. En Pereira circulan actualmente cerca de 180.000 motocicletas, una cifra que ha venido creciendo de manera acelerada durante la última década y que convierte a este vehículo en el principal medio de transporte para miles de trabajadores, estudiantes, comerciantes y domiciliarios. Sin embargo, también es innegable que buena parte de los hurtos, atracos y sicariatos registrados en la ciudad son cometidos por delincuentes que utilizan motocicletas para movilizarse con rapidez y facilitar su fuga. No se trata de estigmatizar a quienes trabajan honradamente sobre una moto. Sería profundamente injusto hacerlo. La inmensa mayoría de motociclistas son ciudadanos que madrugan diariamente para ganarse el sustento de sus familias. Pero tampoco puede desconocerse una realidad que muestran los informes de las autoridades: la motocicleta se ha convertido en el vehículo preferido por muchas estructuras delincuenciales debido a su agilidad, bajo costo operativo y facilidad para evadir los controles. Desde esa perspectiva, la restricción al parrillero podría convertirse en una herramienta que dificulte la comisión de ciertos delitos, especialmente aquellos donde uno conduce mientras el otro ejecuta el atraco. Reducir esa modalidad criminal podría significar menos víctimas y una mayor sensación de seguridad para los pereiranos. No obstante, también es válido preguntarse si la medida atacará realmente el problema de fondo. La experiencia de otras ciudades colombianas demuestra que este tipo de restricciones suele producir resultados parciales y temporales. Existe además un componente social que merece consideración. Miles de familias utilizan diariamente una sola motocicleta para transportar a la pareja, a los hijos o a un adulto mayor. Para muchos hogares de ingresos medios y bajos, la moto representa el único vehículo disponible. Limitar su utilización implica costos adicionales, dificultades de movilidad y afectaciones económicas para personas completamente ajenas a la delincuencia. De poco servirá restringir el parrillero si no se incrementan los operativos, no se fortalecen las investigaciones criminales y no se logra capturar a las organizaciones que realmente están detrás de la delincuencia. Porque el verdadero enemigo nunca ha sido la motocicleta. El enemigo siempre será la delincuencia y la incapacidad del Estado para derrotarla de manera definitiva.
