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jueves, junio 20, 2024

El transporte masivo tiene que permanecer

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James Fonseca Morales

Columnista

En septiembre de 2021 nos referimos al fallo de un Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá que condenó a MEGABÚS S.A. a pagarle a INTEGRA S.A., la compañía propietaria de una flota de buses articulados; $12.206´304.416, como perjuicios producidos por MEGABÚS al incumplir la obligación contractual de solicitar periódicamente la actualización de las tarifas del Servicio Público de Transporte Masivo.

Hoy, más de un año después de la condena, nada se sabe del pago, o de la exoneración total del mismo, de la que habló Darío Acosta, cuando fue gerente de MEGABUS.

Lo que sí sabemos, porque se desprende cálculos matemáticos, es que cuando se produjo la condena los intereses de mora ascendían a $9´317.479 diarios y ahora, en octubre de 2022, suman $12´518.243, cada que sale el sol.

Otra cosa que sabemos, pues aparece en un boletín de prensa de MEGABÚS S.A, es que el pasado jueves 13 de octubre, la Superintendencia de Transporte aceptó la solicitud de esa empresa de acogerse a la Ley de reestructuración de pasivos.

Dice también el boletín que el alcalde de Pereira promovió en dos oportunidades una capitalización de la empresa que, aunque fueron aprobadas, no se cumplieron por los accionistas. Los accionistas de MEGABÚS son los municipios de Pereira, Dosquebradas y La Virginia y del texto del boletín se deduce que uno o dos se abstuvieron de aportar más dinero para que esa empresa absorbiera perdidas, como había ocurrido en ocasiones anteriores.

Ante el panorama casi calamitoso que debió demostrar MEGABÚS para que la Superintendencia aceptara su petición, es necesario examinar las causas, porque sin corregirlas será imposible enderezar el rumbo y, a cualquier precio, el sistema de transporte masivo tiene que permanecer.

En el primer lugar debemos señalar a quienes omitieron solicitar el reajuste de la tarifa del servicio entre 2009 y 2020. Aunque es claro que detrás de las sucesivas omisiones debió haber motivos políticos, como evitar el deterioro de las imágenes de los alcaldes de turno o del sistema; el daño que causaron lo ha puesto en riesgo.

Convine advertir que dentro de las obligaciones en mora que relacionó MEGABÚS a la Superintendencia no aparece la de INTEGRA, lo que amerita una explicación de la gerencia de la empresa. Otra explicación necesaria es el origen de 33 procesos ejecutivos laborales, la mayoría radicados en 2015 y 2016, que suman $2.700 millones por condenas a MEGABÚS. Años atrás algo falló en el manejo del personal.

Pero la causa primaria de la situación es la concepción misma del sistema, bajo el iluso esquema de autosuficiencia financiera, cuando, salvo escasas excepciones, los servicios de transporte masivo, en el mundo, son subsidiados.

Para estar informado

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