James Fonseca
El Hospital Universitario San Jorge atraviesa una situación financiera que amenaza su capacidad para seguir atendiendo a miles de pacientes del Eje Cafetero y del occidente colombiano. Si el Gobierno Nacional no actúa con rapidez y las fuerzas vivas de Risaralda no elevan su voz unificada para exigir soluciones, podríamos asistir al debilitamiento de una institución que hoy resulta irremplazable.
No hablamos desde el alarmismo. Desde la Corporación VIGÍA Cívica avisamos, hace ocho años, que el Hospital caminaba hacia una crisis de liquidez provocada por el creciente incumplimiento de las EPS y el hospital estuvo al borde de la intervención. Hoy, en una coyuntura semejante debemos hacer, de nuevo, la misma advertencia.
El Hospital necesita recaudar cerca de $19.000 millones mensuales para sostener su funcionamiento, pero apenas recibe alrededor de $10.000 millones. Ninguna institución puede sobrevivir cuando ingresa apenas la mitad de los recursos que requiere para operar.
Es una crisis con nombres propios. Más del 60 % de la cartera del Hospital —unos $123.000 millones— corresponde, precisamente, a EPS intervenidas por el Estado. La Nueva EPS adeuda más de $52.000 millones; Coosalud, cerca de $28.000 millones; Asmet Salud, casi $16.000 millones, y Pijao Salud, más de $36.000 millones.
Paradójicamente, entidades sometidas a intervención para corregir su administración son hoy las que más comprometen la estabilidad financiera de uno de los hospitales públicos más importantes del país. Según el más reciente escalafón elaborado por la firma internacional Statista, el San Jorge es el tercer hospital público más importante de Colombia y el primero del Eje Cafetero. Sólo el año pasado atendió cerca de 168.000 pacientes, realizó casi 30.000 cirugías, unas 2.500 mensuales y mantuvo una ocupación hospitalaria cercana al ciento por ciento.
Pero la crisis no está únicamente en el balance contable. Estamos hablando de salud y vidas humanas. El Hospital Universitario San Jorge es el principal centro asistencial público de tercer nivel de la región.
Atiende pacientes provenientes de Risaralda, Chocó, Caldas, Quindío y municipios del Valle del Cauca. Cada día de retraso en los pagos significa menos capacidad para adquirir medicamentos, sostener servicios especializados, responder a las emergencias y brindar atención oportuna a quienes más la necesitan.
Además, el San Jorge representa uno de los mayores legados del espíritu cívico de Pereira. Hace más de ciento veinte años fue construido gracias al esfuerzo de una comunidad que entendió que la salud era un patrimonio colectivo. Sería una enorme contradicción histórica permitir que hoy esa institución se asfixie por el incumplimiento de entidades intervenidas por el propio Estado.
Por eso esta crisis no puede seguir siendo un asunto exclusivo del Hospital o del sector salud. Debe convertirse en una causa de todo Risaralda. Congresistas, Gobernación, alcaldías, gremios, universidades, medios de comunicación y ciudadanía deben exigir al Gobierno Nacional el pago inmediato de los servicios que el Hospital ya prestó.
No estamos pidiendo subsidios ni rescates financieros. Estamos reclamando el pago de una deuda legítima.
El San Jorge está en la UCI financiera. Todavía estamos a tiempo de salvarlo, mañana puede ser demasiado tarde.
