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miércoles, febrero 28, 2024

El maíz “Chamí o Choconcito” y la sentencia de la Corte Constitucional.

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Existe en el cañón de Chamí en tierras del Río San Juan, entre Mistrató, Pueblo Rico y Tadó, una variedad de maíz nativa muy importante para la soberanía y seguridad alimentaria de las comunidades de la zona y la región. Las características, usos y bondades de ésta quedaron documentados en la cartilla “Maíz Chamí o Choconcito. El maíz ancestral del Pueblo Emberá.” (Semillas de Identidad, 2017). El tema recobra vigencia ahora que la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Agricultura liderar la adopción de medidas para proteger las semillas nativas y criollas de maíz de los pueblos indígenas (Sentencia T-247 de 2023).

La actuación de la Corte en atención a la acción de tutela presentada por el gobernador del resguardo indígena Cañamomo-Lomaprieta de Riosucio Caldas, constituye un avance ante la ausencia que el Estado colombiano tiene de un régimen especial de protección de las variedades vegetales producidas y obtenidas por los pueblos indígenas en sus territorios. Para el caso del maíz “Chamí o Choconcito”, una entre varias, de condiciones únicas de adaptación a los sistemas de producción en selvas tropicales, puede significar no solo el reconocimiento de los esfuerzos que las comunidades y el colegio del corregimiento San Antonio vienen haciendo para propagar la semilla, sino la disposición de políticas públicas que la protejan, conserve, y contribuyan con quienes la cultivan y cuidan. 

Esta variedad que los indígenas siembran al voleo en un área que luego socolan, permitiendo que la vegetación cortada caiga encima, como parte del proceso de cosecha; además de acoger los principios de la autonomía, seguridad y soberanía alimentaria, establece relación estrecha con la identidad de la comunidad y su cultura. Una vez cosechada, los indígenas extraen la fécula de maíz que hará parte de su dieta alimenticia mediante distintos hábitos de consumo; como complemento o base de otros alimentos, o suplemento directo que cargan en sus mochilas y consumen a cada tanto que consideren necesario, entre otros. Sin duda un patrimonio heredado de los pueblos indígenas y afros, ávido de protección especial tal cual lo ordena la Corte. 

Queda pendiente el diseño y aplicación de las medidas para atender el mandato jurisprudencial. La sentencia -que aún estudio- señala en apego a criterios científicos que las variedades nativas de maíz enfrentan riegos o efectos adversos derivados de las variedades genéticamente modificadas cultivadas cerca a los territorios colectivos indígenas. Y hace énfasis en el desconocimiento, y la falta de capacitación y colaboración de las entidades públicas para la preservación de los sistemas alimenticios minoritarios. 

No obstante, preocupa de entrada el desinterés de las secretarías de agricultura de Caldas y Risaralda, y hasta el del Ministerio de Agricultura, tanto en el contenido, alcance e implicaciones de la sentencia. Ninguno de estos entes supo qué responder a petición de algunos investigadores académicos que consultaron cómo empezarían a abordar la sentencia desde la administración pública.

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