Duberney Galvis
El corregimiento el español de Santa Rosa de Cabal, es reconocido como el más antiguo de Risaralda. Según registros, se creó en 1913, y en su momento, junto a Dosquebradas, eran considerados las fracciones rurales que más habían progresado en materia económica. De ahí en adelante hay mucho tajo. Tuvo un rol protagónico como parte del corazón regional de la antigua bonanza cafetera y fue un camino que unió la historia del Viejo Caldas. Allí la comunidad se unía para los convites que después terminaban en fiestas, muy distinguidas por tiples y guitarras. La música, de hecho, desarrolló entre los pobladores oriundos de El Español un característico talento para el baile popular.
En la actualidad, sumado a la María, concentra más del 50 % de la producción cafetera de Santa Rosa y aporta miles de millones anuales a la economía municipal y departamental. No obstante, acumula meses con graves problemas de escasez de agua. Las afectaciones incluyen a los niños y adultos mayores, las actividades del hogar y agropecuarias, entre esas el lavado del café en plena cosecha cafetera.
Entre tanto, la alcaldía, que emplea mucho tiempo en redes sociales y poco en resolver las necesidades reales, no logra garantizar el acceso y la disponibilidad del servicio de agua. Y esto es importante porque la ley 142 es clara en que los municipios deben asegurar que los habitantes reciban de manera eficiente el servicio de acueducto, independiente de si el operador es público, mixto o comunitario. El Ministerio de Vivienda ha ido más allá al señalar de manera expresa que los municipios deben realizar el diagnóstico, planeación y priorización de las intervenciones de agua potable y saneamiento rural, lo que va más allá de la entrega de obras.
Así las cosas, la política nacional de agua rural contempla expresamente el fortalecimiento comunitario y la asistencia técnica para quienes administran estos sistemas. También advierte una responsabilidad clara de la gobernación en cuanto administración, coordinación y complementariedad. Más contundente ha sido aún la Corte Constitucional: “cuando las reglas ordinarias no bastan para garantizar el acceso al agua, la protección es exigible al Estado, “primariamente” de los municipios y, de manera subsidiaria y concurrente, de los departamentos y la Nación”. (Sentencia T-275 de 2024)
Pero aquí están cargando a los mismos pobladores el trabajo de organizar brigadas hasta las montañas más altas que surten el agua. Fueron ellos los que verificaron la existencia del líquido, pero la falta de mantenimiento de los tanques y tuberías. ¿Evidencia este caso el olvido de las comunidades rurales? ¿Por qué no se incluyó la importancia del agua rural en la planeación municipal? También es cierto, existen estudios de Empocabal que habrá que seguir chequeando, para el sistema de abastecimiento de El Español y La Florida. Pero en lo coyuntural, la realidad supera el discurso verde municipal que no ha podido garantizar el agua a la necesitada comunidad.
